El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha anunciado hoy que los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016 destinarán más de 600 millones de euros al Plan de Emergencia Ciudadana.
Ruiz Molina ha hecho este anuncio durante la rueda de prensa en la que, junto al portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha informado del texto articulado de la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016, que fue ayer aprobado por el Consejo de Gobierno.
Los presupuestos de la región para el próximo año, a falta de ultimar con precisión todas las partidas, ha enfatizado el consejero, irán dirigidos a iniciar la recuperación económica y la recuperación social, cumpliendo con los compromisos que el Ejecutivo ha adquirido con la ciudadanía y respetando los objetivos de déficit fijados por el Gobierno de España.
En este sentido, Ruiz Molina ha afirmado que en los presupuestos para 2016, que son totalmente realistas, las políticas dirigidas al desarrollo económico y al empleo crecen un 40% respecto a las recogidas en las cuentas regionales de 2015, pero si estas cifras se comparan con el gasto real en que se incurrió, el crecimiento sería del 80%.
Respecto a la reconstrucción del Estado de bienestar, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que el 70% del gasto no financiero irá destinado a gasto social, lo que supondrá “una inyección adicional a las políticas de educación, de sanidad y de servicios sociales de más de 315 millones de euros”.
Sobre el texto articulado de la Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2016, Ruiz Molina ha resaltado que la principal novedad es que recoge el Plan de Emergencia Ciudadana, a través de dos anexos en los que se incluyen todas las partidas que forman parte del Plan con su correspondiente dotación presupuestaria.
A estas partidas presupuestarias, ha explicado el consejero, se les dota de un “especial régimen jurídico”, que se puede considerar un blindaje, ya que no podrán ser objeto de disminución a través de modificaciones presupuestarias, van a ser prioritarias en los pagos, las unidades administrativas que las gestionen tendrán que estar dotadas de los suficientes recursos humanos y materiales y las que se consideran de urgencia se reducirán a la mitad los plazos administrativos.
Ley de Medidas Administrativas y Tributarias
Con la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, ha indicado Ruiz Molina, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene como objetivo llevar a cabo “una política tributaria claramente progresiva”, es decir, que “dentro de la capacidad normativa que tiene la Comunidad Autónomas, paguen más impuestos aquellos que tienen más capacidad económica”.
En este sentido, ha aclarado que no se va a tocar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni el Impuesto sobre el Patrimonio y que tampoco se crearán nuevas figuras tributarias.
En primer lugar, se ha modificado la Ley de Tasas para eliminar aquellas tasas que son injustas y las que son absurdas desde el punto de vista de la recaudación. Así, se han suprimido 30 tasas, entre las que se encuentran las “tasas de la vergüenza”, aquellas que afectan a los colectivos más vulnerables de la sociedad, como personas con discapacidad o dependientes.
La modificación de la Ley de Tasas ha incluido también el establecimiento de nuevas exenciones en el pago de algunas de ellas, dirigidas a parados, familias numerosas de carácter especial y a la administración regional, que estaba obligada a pagarse tasas a sí mismas.
Por otra parte, las tasas que no se suprimen en los Presupuestos para 2016, ha destacado el consejero de Hacienda en su comparecencia ante los medios, se van a congelar.
Otro ámbito en el que se ha actuado en relación con la política tributaria es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que se ha modificado para que deje de ser un impuesto claramente regresivo y pase a ser un impuesto claramente progresivo, es decir, se adecúe a la capacidad económica de quien tiene que pagarlo.
De esta forma, la bonificación de la cuota pasará del 95% actual al 100% para bases liquidables inferiores a 175.000 euros, lo que supondrá que el 98% de la población castellano-manchega que debería pagar este tributo quedará exenta de abonarlo.
Para bases liquidables superiores a 175.000 euros se establecen tramos, de tal manera que conforme aumenta la base liquidable se reduce la bonificación, lo que supondrá que el 2% de la población que recibe herencias muy elevadas serán los que más pagarán por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Respecto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recomendó modificar a Castilla-La Mancha, Ruiz Molina ha anunciado que el tipo impositivo reducido de este impuesto bajará del 7 al 6%, que afecta principalmente a la transmisión de la vivienda habitual.
El tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, que era uno de los más bajos de las Comunidades Autónomas, se aumentará del 8 al 9%.
El impacto de estas modificaciones tributarias será de unos 40 millones de euros, lo que supondrá un aumento de los ingresos propios de Castilla-La Mancha del 0,3%.
Culminación del proceso de saneamiento de las empresas públicas
Por otra parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado de la culminación del proceso de saneamiento de las empresas públicas, que ha supuesto unos recursos superiores a los 340 millones de euros.
En GICAMAN, que se encontraba en causa de disolución, se ha incrementado el capital social en 149 millones de euros y se han abonado 104 millones en concepto de pago de indemnizaciones, sentencias y acuerdos extrajudiciales como consecuencia de la paralización de un gran número de obras. Por lo tanto, ha señalado Ruiz Molina, el saneamiento de GICAMAN ha supuesto un total de 253 millones de euros.
Respecto al ente público de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCM), el agujero era de 8 millones de euros y una deuda de 4,4 millones con la Administración regional, que se había hecho cargo del pago de deudas a proveedores. Se ha resuelto, según ha informado Ruiz Molina, abonando 7 millones de euros con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica, incrementando un millón de euros las transferencias nominativas y regularizando las deudas con la Junta. Un total de 12 millones de euros.
En Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha el saneamiento se ha efectuado considerando subvención de capital la deuda que esta empresa tenía con la Junta por importe de 65 millones de euros.
Por último, en el caso de GEACAM, que tenía un importante problema de liquidez, se ha convertido la deuda que tenía con la Administración regional en aportación de capital por importe de 10,3 millones de euros.
