El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado la reforma del Estatuto de las Personas Consumidoras, una modificación legal que actualiza el marco autonómico vigente desde 2019 para adaptarlo a la normativa estatal y europea, especialmente en materia sancionadora y de protección de derechos. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y la abstención de PP y Vox.
El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, responsable también de las competencias en materia de Consumo en la Administración regional, ha defendido que la reforma responde a la necesidad de ajustar el régimen sancionador autonómico a los cambios en la legislación nacional, que habían dejado obsoleta la normativa regional.
Según Fernández Sanz, con el nuevo texto «se gana en seguridad jurídica y claridad normativa», al adoptar las infracciones ya previstas a nivel estatal. Además, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la protección de las personas consumidoras mediante mecanismos como el arbitraje de consumo y ha apelado al apoyo unánime de los grupos parlamentarios al considerar que la norma mejora la respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
La modificación del Estatuto introduce una definición más precisa de las infracciones, diferenciando con ejemplos concretos cuáles son leves, graves o muy graves, con el objetivo de evitar interpretaciones ambiguas.
Así, se consideran leves conductas como la falta de hojas de reclamaciones, mientras que se tipifican como graves fraudes en la información o características de productos y servicios, incluyendo la obsolescencia prematura o el uso de etiquetados engañosos. Entre las infracciones muy graves se recogen situaciones como el corte de suministros básicos sin notificación previa o la subida de precios en contextos de emergencia o necesidad.
Uno de los principales avances del texto es la incorporación de la posibilidad de exigir la reposición de la situación alterada y la indemnización de daños y perjuicios en el propio procedimiento sancionador, lo que evita que los consumidores tengan que acudir a la vía judicial para reclamar compensaciones.
Desde el Grupo Socialista, Ángel Tomás Godoy ha defendido que la reforma impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page busca reforzar la protección de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha y ha subrayado que es fruto del consenso. Godoy ha destacado mejoras en información y derechos, especialmente en vivienda, así como un mayor peso de la inspección, la mediación y el arbitraje, junto al impulso del consumo sostenible.
Por parte de Vox, el diputado Iván Sánchez ha rechazado la norma al considerar que no protege suficientemente a los consumidores y que se centra en «endurecer sanciones», además de advertir de un «laberinto normativo» y carencias en el acceso digital.
Desde el Partido Popular, Juan Antonio Moreno ha criticado que el Ejecutivo regional «pierde una oportunidad clave», especialmente en el ámbito sanitario. Moreno ha recordado que el PP presentó 13 enmiendas para mejorar el texto, muchas de ellas rechazadas, y ha lamentado que la ley no aborde la regulación de la publicidad sanitaria ni refuerce los controles frente a prácticas engañosas como los «productos milagro».
En este sentido, ha reprochado al Gobierno que no dé respuesta a problemas reales de los consumidores y ha defendido la necesidad de garantizar una protección más efectiva, con mayor control de las prácticas abusivas y medidas concretas que eviten fraudes en el mercado.
