Un total de 65.797 contratos de alquiler de Castilla-La Mancha podrían acogerse a la prórroga extraordinaria aprobada por el Gobierno, según las estimaciones del Ministerio de Consumo. La medida entra en vigor este jueves y permite extender determinados contratos de vivienda habitual por anualidades hasta un máximo de dos años, manteniendo sus términos y condiciones.
Toledo es la provincia donde más contratos podrían beneficiarse, con 24.708. Le siguen Albacete, con 12.269; Ciudad Real, con 11.071; Guadalajara, con 11.053; y Cuenca, con 6.696.
La medida afecta a contratos de vivienda habitual vigentes que se encuentren en los supuestos establecidos por el nuevo real decreto-ley y cuya prórroga obligatoria finalice antes del 31 de diciembre de 2028, además de determinados contratos que lleguen al final de sus periodos de prórroga tácita o tácita reconducción.
Para acogerse a ella no basta con que el contrato venza dentro de ese periodo. El inquilino debe solicitar la prórroga y encontrarse al corriente del pago del alquiler, además de haber pagado mensualmente durante los ocho meses anteriores. En esos casos, el propietario deberá aceptar la extensión, salvo las excepciones previstas en la norma.
Entre esas excepciones se encuentra que propietario e inquilino alcancen otro acuerdo, firmen un nuevo contrato o que el arrendador haya comunicado en las condiciones legalmente establecidas que necesita recuperar la vivienda para ocuparla él mismo o determinados familiares por una necesidad real y acreditada.
Durante la prórroga extraordinaria se mantienen los términos y condiciones del contrato vigente, una cuestión especialmente relevante para los hogares cuyos alquileres lleguen ahora a su finalización.
En el conjunto de España, las estimaciones facilitadas por el Ministerio de Consumo sitúan en 1.895.676 los contratos susceptibles de acogerse a esta medida. De ellos, 751.166 vencen en 2026, otros 809.899 en 2027 y 334.611 en 2028.
Tomando como referencia una media de 2,5 personas por hogar, el Ministerio calcula que la medida podría alcanzar a cerca de cinco millones de personas en España.
