El Grupo Parlamentario Vox ha anunciado que presentará un paquete de alegaciones al borrador del decreto de biometanización que tramita el Gobierno de Castilla-La Mancha, al considerar que el texto contiene numerosas excepciones y ambigüedades que, según la formación, generan inseguridad jurídica.
Vox sostiene que el decreto introduce expresiones como “siempre que sea posible” o “de forma excepcional”, que a su juicio dejan un amplio margen de interpretación y reservan la decisión final a la Junta de Comunidades.
Entre las principales críticas del grupo parlamentario se encuentran las distancias previstas para este tipo de instalaciones. Vox considera “insuficientes” los alejamientos planteados y cuestiona que puedan situarse plantas a 251 metros de captaciones de agua y embalses, al entender que podría existir riesgo de contaminación de acuíferos.
La formación también critica que los residuos derivados del proceso puedan aplicarse en suelos situados a un kilómetro de distancia de un núcleo urbano, mientras que para la propia planta se establece una distancia de dos kilómetros.
Otro de los aspectos que Vox pretende incluir en sus alegaciones es la incidencia de los vientos dominantes. El grupo parlamentario sostiene que el borrador no contempla este factor para establecer distancias respecto a cascos urbanos, establecimientos hoteleros o negocios de turismo rural.
Además, considera que las viviendas aisladas y determinados negocios pueden quedar desprotegidos frente a posibles molestias por olores y sin mecanismos de compensación.
Críticas a la transparencia y al control
Vox también pone el foco en la información relativa al volumen y procedencia de los residuos tratados en las plantas.
La formación acusa al Gobierno regional de falta de transparencia al considerar que el “secreto industrial” podría utilizarse para limitar el acceso a estos datos e impedir su fiscalización por parte de los grupos políticos.
Asimismo, cuestiona que determinadas labores de custodia y control puedan recaer en empresas externas. Según Vox, la inspección y tutela ambiental deberían permanecer directamente en manos de la Administración autonómica.
El grupo parlamentario también alerta sobre lo que denomina “puertas traseras” dentro del decreto, citando figuras como la declaración de Proyecto Prioritario, la declaración de Interés Regional o los Planes de Singular Interés.
A juicio de la formación, estas herramientas podrían permitir que determinados proyectos quedaran exentos de algunas normativas municipales o de las distancias mínimas establecidas.
Por todo ello, Vox reclama la paralización de la tramitación del decreto y su revisión. Entre sus propuestas se encuentran garantizar la trazabilidad de los residuos, establecer inspecciones íntegramente públicas y preservar la autonomía de los ayuntamientos en la implantación de estas instalaciones.
