La futura Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027 empieza a tomar forma y UPA Castilla-La Mancha quiere que las explotaciones familiares ocupen un lugar prioritario en el reparto de las ayudas. La organización agraria ha trasladado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural sus propuestas para elaborar una respuesta conjunta al cuestionario sobre la próxima PAC.
El proceso se encuentra todavía en una fase inicial y no existe un presupuesto ni un acuerdo definitivo en la Unión Europea. UPA considera, sin embargo, que es el momento de establecer las bases de un modelo que garantice la viabilidad de las explotaciones familiares, que representan, según la organización, el 80 % del sector agrario español.
Entre sus principales propuestas figura una nueva definición de agricultor activo para determinar quién puede recibir las ayudas. UPA plantea que al menos el 25 % de los ingresos totales del beneficiario procedan de la actividad agraria y establece también condiciones relacionadas con las ventas de la producción y el peso de las ayudas en esos ingresos.
Uno de los cambios que tendría mayor incidencia en el reparto de los fondos sería establecer un límite de 60.000 euros por explotación para la ayuda decreciente a la renta por superficie. Este techo podría ampliarse hasta un máximo de 100.000 euros adicionales cuando se justifiquen costes salariales. La intención, según UPA, es liberar recursos para pequeñas y medianas explotaciones.
La organización reclama además que los fondos de inversión queden fuera del sistema de ayudas públicas y que las ayudas destinadas a industrias agroalimentarias estén condicionadas al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Más ayudas para cultivos importantes en Castilla-La Mancha
UPA pone especial atención en las producciones afectadas por el incremento de los costes y las consecuencias del cambio climático. Para ellas solicita dedicar el máximo porcentaje posible de la PAC a ayudas asociadas, con capacidad para adaptarlas cuando determinados sectores atraviesen dificultades.
En Castilla-La Mancha, la organización reclama apoyos específicos para el viñedo de secano, la apicultura, el girasol, las plantas aromáticas y el azafrán, además de modificar y mejorar las ayudas destinadas al olivar tradicional. También considera prioritario mantener en la próxima PAC una intervención sectorial estatal para el sector vitivinícola.
Otra de las propuestas pasa por elevar hasta 5.000 euros el régimen de pequeños productores, con el objetivo de simplificar la gestión de las ayudas. UPA plantea asimismo reducir determinadas exigencias de condicionalidad para las explotaciones que reciben menores cantidades y representan una parte reducida de la superficie agraria.
Por último, la organización valora positivamente la desaparición de los derechos históricos contemplada en el nuevo reglamento europeo y propone avanzar hacia una región única, sustituyendo progresivamente el actual sistema de regionalización. UPA defiende acercarse así al modelo de otros países europeos que aplican una cantidad uniforme por hectárea a escala nacional.
