El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que su Gobierno presentará alegaciones contra el futuro real decreto sobre centros de datos impulsado por el Ejecutivo central y ha advertido de que podría acudir a los tribunales si la norma sigue adelante.
«Vamos a presentar alegaciones esta semana y eventualmente iremos a los tribunales», ha señalado García-Page durante la inauguración de la planta de biomasa de Mahou San Miguel en Alovera (Guadalajara).
El futuro real decreto establece que los centros de datos de mayor tamaño deberán respaldar con nueva capacidad de generación renovable, acreditada hora a hora, al menos el 80 % de su consumo eléctrico.
García-Page ha vinculado su rechazo a la norma con el papel que desempeñan territorios productores de energías renovables como Castilla-La Mancha y con la posibilidad de atraer a ellos proyectos industriales asociados a esa generación.
«Si nosotros ponemos la cama. Si nosotros ponemos el territorio, el esfuerzo y la burocracia pensando que cada vez que ponemos placa fotovoltaica facilitamos inversión y vamos a atraer industria que se vincula a la energía renovable, ¿por qué el Gobierno quiere controlar, por ejemplo, la instalación de cualquier centro de datos que hay en España?», se ha preguntado.
El presidente castellanomanchego considera «bastante dramático» que pueda condicionarse el mapa industrial español de manera que, según su planteamiento, los territorios donde se produce la energía no sean necesariamente los que reciban las inversiones y la riqueza vinculadas a ella.
García-Page también ha cuestionado que las comunidades autónomas faciliten la producción energética pero, según sostiene, no puedan decidir ni participar suficientemente en las decisiones sobre la ubicación de instalaciones empresariales capaces de generar empleo y actividad económica.
«Me podrán decir muchas cosas, pero tonto, tonto, no me considero», ha afirmado el presidente regional, quien ha reconocido que confía «muy poco» en que determinadas decisiones del Gobierno de España sobre la ubicación de centros y empresas terminen beneficiando a Castilla-La Mancha.
En este contexto, García-Page ha reiterado que el Ejecutivo autonómico presentará alegaciones esta misma semana y ha dejado abierta la posibilidad de recurrir posteriormente a los tribunales.
El presidente regional también ha introducido la política nacional en sus críticas y, en tono irónico, ha asegurado que confía en que los independentistas, «que son los que mandan», terminen tumbando la iniciativa del Gobierno.
