El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo aprobada en el Real Decreto 35/2023, respaldando así la legalidad de los caudales ecológicos fijados para el río y rechazando las alegaciones de los regantes sobre una supuesta estrategia política para acabar con el trasvase Tajo-Segura.
La sentencia considera ajustada a derecho la implantación progresiva de los caudales ecológicos y sostiene que la coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura sí ha existido. El alto tribunal entiende además que estos caudales “vinculan al resto de aprovechamientos y explotaciones”, recordando que su objetivo principal es preservar los ecosistemas fluviales y garantizar el buen estado de las masas de agua.
Tras conocerse el fallo, el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, ha reaccionado reclamando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “dé la vuelta” a la política hídrica actual y revierta lo que considera una “promesa política” de reducir el trasvase.
Jiménez ha señalado que, aunque los regantes asumen la decisión judicial, rechazan “la injusticia” que supone el recorte del acueducto y mantienen que se trata de una decisión exclusivamente política. “Desánimo no hay ninguno. Vamos a seguir al pie del cañón”, ha asegurado.
El dirigente de los regantes del Levante ha apelado ahora a la vía política ante la imposibilidad de lograr medidas cautelares por vía judicial y ha pedido también al delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, que se implique para paralizar la reducción de caudales.
Además, ha criticado duramente las inversiones comprometidas por el Ejecutivo central para compensar los recortes del trasvase, calificándolas de “mentiras” y asegurando que gran parte de las infraestructuras anunciadas “ni existen ni se van a ejecutar”.
Según Jiménez, el Gobierno prometió cerca de 3.000 millones de euros en actuaciones relacionadas con las cuencas del Tajo y el Segura, aunque sostiene que únicamente se ejecutarán algo más de 100 millones vinculados a desaladoras.
También ha cargado contra el proceso judicial, lamentando que la sentencia no haya entrado “al fondo” de la cuestión y denunciando que no se admitieran pruebas periciales para rebatir los caudales ecológicos establecidos.
En paralelo, el Supremo sostiene en su resolución que los estudios y pruebas aportados por el sindicato no permiten desvirtuar la fijación de los caudales ecológicos, establecidos conforme a la Instrucción de Planificación Hidrológica y tras un “complejo procedimiento” técnico y administrativo.
El tribunal considera además que la implantación progresiva de estos caudales busca precisamente ofrecer tiempo a la cuenca del Segura para adoptar medidas alternativas ante una posible reducción futura del agua trasvasada.
