Castilla-La Mancha prepara cambios en su normativa urbanística con el objetivo de facilitar la construcción de vivienda protegida y reducir los tiempos necesarios para poner en marcha nuevas promociones. La reforma se encuentra todavía en tramitación y las negociaciones con PP y Vox están, según el Gobierno regional, «muy avanzadas».
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha avanzado algunas de las medidas incluidas en la Ley de Medidas en materia de Urbanismo y Vivienda. Entre las más relevantes figura la posibilidad de aumentar hasta un 20 % la edificabilidad y hasta un 30 % la densidad en aquellas parcelas en las que se construyan viviendas sujetas a algún tipo de protección pública.
La futura regulación contempla además la posibilidad de incrementar hasta en dos alturas la construcción en esas parcelas. En la práctica, estos cambios pretenden permitir que un mismo terreno pueda albergar un mayor número de viviendas protegidas.
La segunda modificación de interés para quienes esperan nuevas promociones tiene que ver con los plazos. Hernando ha anunciado que se pretende reducir a la mitad la tramitación relacionada con los Programas de Actuación Urbanizadora (PAU) y los planes especiales de vivienda en los municipios de los entornos rurales.
Según el Gobierno regional, el objetivo es aprovechar mejor los terrenos disponibles y evitar que el crecimiento de las ciudades y municipios obligue a extender innecesariamente las redes de abastecimiento, los servicios públicos y las infraestructuras.
La reforma forma parte de una estrategia más amplia para movilizar suelo y aumentar la disponibilidad de vivienda protegida y pública. La Junta ya viene trabajando en cambios normativos dirigidos a aprovechar parcelas existentes y reducir obstáculos administrativos para nuevas promociones.
Las medidas tendrán también una vertiente específica para el medio rural. El Gobierno autonómico vincula el aumento de la oferta residencial con sus políticas contra la despoblación y sostiene que los municipios incluidos en las zonas más afectadas por la pérdida de habitantes han ganado 20.000 residentes desde la entrada en vigor de la Ley frente a la Despoblación.
La reforma todavía debe completar su tramitación, por lo que las nuevas posibilidades de aumentar edificabilidad, densidad o alturas no están planteadas en el anuncio como medidas ya aplicables, sino como cambios que el Ejecutivo regional quiere incorporar a la normativa.
