El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 56,83 millones de euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para reforzar las acciones en materia de salud mental y la prevención del suicidio. De esta cantidad, 39 millones de euros se destinarán al refuerzo de la salud mental y 17,83 millones a la prevención del suicidio, según ha informado el Ministerio de Sanidad.
Castilla-La Mancha recibirá más de 2,654 millones de euros, de los cuales más de 1,8 millones estarán destinados al Plan de Acción de Salud Mental y casi 833.000 euros a la prevención del suicidio. El acuerdo, que será sometido próximamente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), mantiene las cuantías del año anterior y tiene como objetivo principal la mejora de la salud mental de la población mediante el desarrollo de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.
El Ministerio de Sanidad ha detallado que la partida de 39 millones de euros para salud mental se articula a través del Plan de Acción 2025-2027. De este total, 26,8 millones de euros se destinarán a gastos corrientes, incluyendo la posibilidad de financiar gastos de personal ligados estrictamente a la ejecución de proyectos, y 12,2 millones de euros se dedicarán al equipamiento necesario para el desarrollo del plan.
Las actuaciones se centrarán en ocho líneas estratégicas, entre las que destacan el refuerzo de los recursos humanos, la atención comunitaria, la desinstitucionalización, la asistencia basada en derechos y el abordaje específico de la salud mental perinatal, infantil y adolescente.
En cuanto a la prevención del suicidio, los 17,83 millones de euros buscan estructurar las actuaciones para abordar la conducta suicida en España a través de un enfoque integral. De esta cantidad, 12,83 millones de euros se destinarán a gastos corrientes y equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, y 5 millones de euros a gastos de inversión. Sanidad subraya que este plan prioriza líneas de actuación enfocadas en la sensibilización, la prevención en colectivos vulnerables y el fortalecimiento del abordaje sanitario.
Para garantizar la equidad, los fondos se distribuirán entre todas las comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco debido a su régimen foral, y las ciudades de Ceuta y Melilla a través del INGESA. El reparto se realizará siguiendo un modelo que asigna un 5 por ciento de forma lineal para asegurar un importe mínimo a cada territorio y el 95 por ciento restante en función de criterios poblacionales.
Las administraciones destinatarias deberán adherirse a las actuaciones financiadas y aportar una memoria detallada de los proyectos y el importe destinado para acceder a estos créditos. Como novedad, la equidad, la promoción de los derechos y el enfoque comunitario se establecen como criterios obligatorios para la aprobación de los proyectos. Además, se considerarán criterios de excelencia la participación, la incorporación de personas expertas por experiencia y la intersectorialidad.
Andalucía será la comunidad autónoma que más financiación recibirá para gastos corrientes del Plan de Acción de Salud Mental, con 7 millones de euros, seguida de Cataluña (6,5 millones), Madrid (5,8 millones) y la Comunidad Valenciana (4,3 millones). En cuanto al equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, Andalucía volverá a encabezar la distribución con 3,2 millones de euros, por delante de Cataluña (2,9 millones), Madrid (2,6 millones) y la Comunidad Valenciana (1,9 millones).
