La nueva normativa para impulsar la construcción de viviendas en Castilla-La Mancha ya ha despertado las primeras críticas. Apenas unas horas después de su aprobación en las Cortes regionales, la Plataforma por el Derecho a la Vivienda ha advertido de que la ley no ofrece suficientes garantías a las familias con dificultades económicas, especialmente a aquellas que se enfrentan a la posibilidad de perder su hogar.
La organización considera que la Proposición de Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística, aprobada este jueves, supone un avance limitado y deja sin resolver algunos de los principales problemas de acceso a la vivienda en la región.
Aunque valora positivamente que se facilite la construcción de vivienda protegida en terrenos y edificios públicos sin utilizar, sostiene que la norma prioriza aumentar la oferta de viviendas sin garantizar que las familias más vulnerables puedan acceder a ellas.
¿Qué ocurre si una familia no puede pagar el alquiler de una vivienda pública?
Una de las principales preocupaciones de la plataforma tiene que ver con las condiciones de los contratos de alquiler y cesión de uso de las viviendas públicas.
Según denuncia la organización, la nueva regulación permitiría iniciar procedimientos de resolución contractual por impago sin exigir una valoración suficiente de las circunstancias económicas, sociales o familiares de los afectados.
La plataforma advierte de que esta situación podría perjudicar especialmente a familias con menores o personas que atraviesan dificultades económicas.
También considera insuficiente la posibilidad de establecer una moratoria en situaciones excepcionales de carácter social, al entender que su aplicación no ofrece garantías suficientemente claras.
Por ello, reclama que Castilla-La Mancha cuente con protocolos de realojo y mecanismos que garanticen una alternativa habitacional a las personas vulnerables que se enfrenten a un desahucio.
Alquileres de 600 euros que muchas familias no pueden asumir
El precio de la vivienda es otro de los puntos centrales de las críticas.
La plataforma cuestiona que las viviendas consideradas de alquiler asequible por la Junta tengan, según sostiene, rentas que parten de los 600 euros mensuales, una cantidad que considera fuera del alcance de numerosos hogares de Castilla-La Mancha.
Para justificar su preocupación, la organización cita datos del informe FOESSA/EAPN, según los cuales 732.443 personas, el 34 % de la población regional, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
Además, señala que un 14,4 % de la población acumula retrasos en el pago de su vivienda habitual.
A juicio de la plataforma, estas cifras demuestran que aumentar la construcción de viviendas no será suficiente si los precios siguen siendo demasiado elevados para una parte importante de los vecinos.
Piden aprovechar las viviendas vacías antes de construir más
La organización también cuestiona que la nueva normativa dé prioridad a la construcción de inmuebles y a la transformación de suelo para uso residencial.
Como alternativa, propone impulsar un plan regional para movilizar viviendas vacías, especialmente aquellas que puedan destinarse al alquiler social o asequible.
Entre sus propuestas figuran la compra de viviendas ya construidas por parte de las administraciones, la rehabilitación de inmuebles deteriorados y la recuperación de edificios que actualmente no tienen uso residencial.
La plataforma considera que estas medidas podrían permitir aumentar la oferta de vivienda disponible sin depender exclusivamente de nuevos desarrollos urbanísticos.
Castilla-La Mancha tiene un parque de vivienda social del 1,66 %, según la plataforma
Otro de los datos que destaca la organización es el reducido peso de la vivienda social en Castilla-La Mancha.
Según sus cifras, este tipo de inmuebles representa apenas el 1,66 % del parque residencial, una proporción que considera insuficiente para atender las necesidades de la población.
La plataforma reconoce que la Junta contempla actuaciones para ampliar la oferta, entre ellas una convocatoria de 68 millones de euros para alquiler asequible y otros 280 millones vinculados al nuevo Plan Estatal de Vivienda.
Sin embargo, insiste en que estos compromisos deben traducirse en viviendas disponibles y económicamente accesibles.
También critica que la Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030 de Castilla-La Mancha no contemple la declaración de zonas de mercado residencial tensionado ni medidas de limitación de los precios del alquiler.
La Junta, por su parte, ha defendido una estrategia centrada en incrementar la oferta residencial y ha señalado que ningún municipio ha solicitado formalmente la declaración de zona tensionada.
Reclaman una ley que garantice el acceso a una vivienda digna
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda también ha cuestionado las propuestas planteadas por PP y Vox durante la tramitación parlamentaria, especialmente las relacionadas con las rebajas fiscales para la compra de inmuebles y los criterios de acceso a la vivienda vinculados a la nacionalidad.
Ante este escenario, la organización reclama una Ley de Vivienda integral para Castilla-La Mancha que vaya más allá de facilitar la construcción.
Sus principales demandas pasan por regular el mercado del alquiler, ampliar de manera estable el parque público de vivienda y garantizar soluciones habitacionales para las personas vulnerables que puedan perder su hogar.
