El Gobierno ha decidido aplazar hasta septiembre la aprobación del nuevo real decreto ley de vivienda, que estaba previsto abordar este martes en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, se da así más tiempo para negociar el texto con los grupos parlamentarios después de que Junts y Podemos trasladaran sus reparos al borrador. El Ejecutivo busca evitar que la norma llegue al Congreso sin los apoyos necesarios para su convalidación.
Desde el departamento de Rodríguez justifican el retraso por la complejidad de las medidas y el escaso margen disponible para cerrar un acuerdo antes de agosto. Su intención es alcanzar en septiembre un pacto «amplio y transversal» con las fuerzas parlamentarias.
El decreto incluía medidas destinadas a dar estabilidad a las personas que viven de alquiler y aumentar la oferta de vivienda asequible. Entre ellas se encontraba la prórroga de determinados contratos de alquiler hasta 2028, además de cambios sobre los alquileres de temporada, las viviendas turísticas y la protección de familias vulnerables.
Las objeciones de Junts y Podemos
Junts rechazó apoyar el borrador en su estado actual al considerar que no atendía sus demandas sobre la ocupación ilegal, los incentivos fiscales para pequeños propietarios e inquilinos y las competencias de Cataluña en materia de vivienda.
La formación independentista calificó algunas de las medidas de «intervencionistas», aunque dejó abierta la posibilidad de negociar determinados puntos del documento.
Podemos, por su parte, fijó como línea roja la reforma de la Ley del Suelo incluida en el borrador. La formación reclamó su retirada antes de abordar el resto de las medidas previstas.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que el proyecto es «una propuesta muy buena» y ha señalado que los grupos habían solicitado más tiempo para estudiarlo. También ha asegurado que ninguna formación ha abandonado por completo las conversaciones.
El aplazamiento pretende evitar una nueva derrota parlamentaria después de que el Congreso rechazara en abril otro decreto relacionado con la prórroga de contratos de alquiler. El Gobierno retomará las negociaciones tras el verano con el objetivo de llevar el texto al Consejo de Ministros en septiembre.
