El diputado del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de engañar a los agricultores del Alto Guadiana al presentar como conseguida una ampliación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) hasta 2030 que, según denuncia, todavía no está aprobada. El parlamentario ha exigido al Ejecutivo autonómico que muestre los documentos que respalden sus anuncios y ha advertido de las posibles consecuencias para los regantes que, ante esta información, decidan no continuar con los trámites de renovación de sus derechos de agua.
En un comunicado difundido este martes 3 de noviembre, Lucas-Torres ha asegurado que la Junta únicamente ha solicitado la ampliación del PEAG y la flexibilización de los plazos de la Directiva Marco del Agua mediante unas alegaciones presentadas ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).
«Lo único que ha hecho la Junta es pedirlo en unas alegaciones. No hay ni un solo documento que lo acredite», ha afirmado el diputado popular.
El PP sostiene que la ampliación es una petición, no un acuerdo
Según ha explicado Lucas-Torres, la Consejería ha incluido en sus alegaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadiana una solicitud para que el futuro Plan Hidrológico 2028-2033 modifique el horizonte temporal del PEAG.
El diputado considera que el Gobierno regional está confundiendo a los agricultores al presentar esta iniciativa como una solución definitiva.
«Pedir algo no es conseguirlo. Cualquier ciudadano, cualquier ayuntamiento o cualquier comunidad de regantes puede presentar alegaciones. Eso no da derecho a anunciar que el problema está solucionado», ha manifestado.
Lucas-Torres también ha cuestionado el calendario planteado por la Junta, que vincula la posible ampliación a un nuevo Marco de Actuación para Las Tablas de Daimiel y el Alto Guadiana, cuya aprobación se pretende alcanzar antes de finalizar 2028.
Asimismo, ha señalado que la denominada bolsa de derechos de agua continúa siendo una propuesta que, según el PP, no está recogida en ninguna norma.
«Es un calendario de deseos, no un acuerdo. Están anunciando que se planificarán derechos en 2028 con un modelo que no existe», ha criticado.
El parlamentario ha recordado, además, que el propio Grupo Socialista presentó recientemente una iniciativa en las Cortes regionales para solicitar al Gobierno de España el mantenimiento del PEAG más allá del 31 de diciembre de 2027.
«Si estuviera solucionado, no lo estarían pidiendo. Ellos mismos saben que no hay nada firmado», ha añadido.
Exige que la Junta presente los documentos oficiales
El diputado popular ha insistido en que la Junta de Comunidades no tiene competencias para aprobar por sí sola la ampliación del Plan Especial del Alto Guadiana.
En este sentido, ha recordado que el Real Decreto 13/2008, por el que se aprobó el PEAG, contempla que su prórroga debe realizarse mediante un real decreto del Gobierno de España, previo acuerdo con el Ejecutivo autonómico.
También ha señalado que cualquier modificación de los plazos y objetivos de la Directiva Marco del Agua debe ajustarse a los procedimientos de planificación hidrológica y al marco normativo europeo.
«La Junta pide a la Confederación, la Confederación tendría que asumirlo y después tendría que plantearse ante Europa. Ninguno de esos pasos se ha dado», ha sostenido.
Por este motivo, Lucas-Torres ha reclamado que el Gobierno regional haga pública la documentación que, en su caso, respalde la ampliación anunciada.
«Si está solucionado, que enseñen el documento de la Unión Europea o la publicación del Ministerio que lo diga. Si no lo enseñan, es porque no existe», ha declarado.
El parlamentario ha expresado incluso sus dudas sobre si la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Ministerio conocen el alcance de los anuncios realizados por el Gobierno regional. Según ha indicado, los regantes han denunciado que el borrador del nuevo ciclo de planificación hidrológica apunta hacia la extinción de derechos y el fin de la vigencia del PEAG.
Advierte del riesgo de perder derechos por no renovar los pozos
Una de las principales preocupaciones trasladadas por el PP se refiere a las consecuencias que estos anuncios podrían tener sobre los procedimientos administrativos que deben seguir los agricultores del Alto Guadiana.
Lucas-Torres ha asegurado que las comunidades de usuarios están recibiendo consultas de regantes que desconocen si deben continuar solicitando la renovación de sus aprovechamientos de agua.
Según ha advertido, los titulares de pozos de hasta 7.000 metros cúbicos que dejen de tramitar la novación de sus derechos podrían encontrarse con dificultades para recurrir posteriormente las decisiones administrativas, al no haber realizado las solicitudes dentro de los plazos correspondientes.
«Están provocando una auténtica revolución en el campo con una noticia que no tiene ningún respaldo», ha denunciado.
El diputado ha insistido en que los agricultores no deben interpretar los anuncios del Gobierno regional como una modificación efectiva de la normativa vigente.
«Esto es una negligencia y un despropósito. Con algo tan sensible como los derechos de agua de miles de familias no se puede jugar a la propaganda. No se pueden crear falsas expectativas sin un decreto, sin una resolución y sin ningún documento», ha afirmado.
El PP defiende ampliar los plazos hasta 2032
Frente a la propuesta de ampliación hasta 2030, Lucas-Torres ha defendido la posición del Partido Popular, que plantea extender los plazos de la Directiva Marco del Agua hasta 2032.
Según ha explicado, la eurodiputada Carmen Crespo, coordinadora nacional de Agricultura del PP, ha trasladado esta petición a las instituciones europeas. También ha recordado que el presidente regional del partido, Paco Núñez, solicitó en mayo a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, una ampliación hasta ese mismo año.
«Nosotros no pedimos 2030, pedimos 2032. Es el plazo que necesita el Alto Guadiana para hacer las obras y que nadie tenga que cerrar su pozo», ha señalado.
El parlamentario también ha criticado la posición de los eurodiputados socialistas que, según ha indicado, remitieron una carta a las instituciones europeas contraria a reabrir la Directiva Marco del Agua y ampliar sus plazos más allá de 2027.
Lucas-Torres ha señalado que entre los firmantes de esa carta figura Javier López, portavoz socialista de Aguas en el Parlamento Europeo.
«El PSOE quiso dejar la ampliación de la Directiva en un cajón. Es el mismo partido de Page, que ahora pretende colgarse la medalla de algo que sus compañeros en Europa intentaron frenar», ha denunciado.
El diputado ha asegurado que un futuro Gobierno del Partido Popular presidido por Alberto Núñez Feijóo asumiría el compromiso de buscar una solución a esta situación.
«La solución llegará con un Gobierno del Partido Popular presidido por Alberto Núñez Feijóo. Nosotros no vendemos humo: asumimos un compromiso y ponemos los medios para cumplirlo», ha afirmado.
Un plan de infraestructuras y cambios en las confederaciones hidrográficas
El diputado ha detallado algunas de las propuestas del PP en materia de política hidráulica, entre las que figura un plan de infraestructuras del agua dotado con 100.000 millones de euros hasta 2035.
La formación también plantea crear una autoridad única del agua para coordinar la política hidráulica nacional, reformar el funcionamiento de las confederaciones hidrográficas y reducir los problemas administrativos que afectan a los regantes.
A estas medidas se suma el objetivo de recuperar 3.000 hectómetros cúbicos de agua mediante reutilización, desalación y nuevos proyectos hidrológicos, así como impulsar la modernización de las infraestructuras de regadío.
«Esa es la diferencia. El Gobierno de Page anuncia soluciones que no tiene. El Partido Popular presenta un plan con dinero, con plazos y con un compromiso firme ante Europa», ha defendido Lucas-Torres.
Cuatro exigencias al Gobierno regional
El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que trasladará a las Cortes de Castilla-La Mancha cuatro peticiones dirigidas al Ejecutivo autonómico.
La primera consiste en que la Junta presente el documento del Ministerio o de la Unión Europea que acredite la ampliación del PEAG hasta 2030 y la flexibilización de la Directiva Marco del Agua.
También reclama una rectificación pública que aclare que, según la información de la que dispone el PP, únicamente existe una solicitud incluida en las alegaciones presentadas ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La tercera exigencia se refiere a la encomienda de gestión que, según el PP, la Junta asegura haber solicitado. Los populares quieren conocer su estado de tramitación, la fecha de solicitud y el organismo competente para aprobarla.
Por último, piden que se explique qué norma regularía la futura bolsa de derechos de agua y cuál sería su calendario de aplicación.
Lucas-Torres ha concluido con un llamamiento a los agricultores del Alto Guadiana para que mantengan sus trámites administrativos mientras no se produzcan modificaciones oficiales.
«Que nadie deje de tramitar la renovación de su pozo. Nada ha cambiado. El PEAG sigue teniendo los mismos plazos y la Confederación no ha aprobado nada nuevo», ha insistido.
