El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha hecho balance este lunes de los cinco años de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el desarrollo del medio rural. Según los datos facilitados por la Junta, desde la entrada en vigor de esta normativa, los pequeños municipios de la región han sumado 4.732 habitantes más respecto a 2021.
Martínez Guijarro ha subrayado que este incremento de población es resultado de “la batería de medidas incluidas en el articulado de la norma para garantizar servicios públicos, proyectos empresariales y medidas desde el punto de vista fiscal”. El vicepresidente ha detallado que, en este periodo, se han mejorado una veintena de centros de salud y consultorios médicos, se han abierto 88 botiquines y más de 100 escuelas infantiles en estos municipios. Además, se han inaugurado cinco nuevas residencias rurales en Elche de la Sierra, Chinchilla de Montearagón, Munera, Campillo de Altobuey y San Lorenzo de La Parrilla.
En materia de movilidad, Martínez Guijarro ha destacado la puesta en marcha del servicio de Transporte Sensible a la Demanda, que da servicio a 337 núcleos de población y más de 54.600 habitantes, “y que ya han usado más de 160.000 viajeros”.
Uno de los aspectos más novedosos de la ley es la fiscalidad diferenciada, una medida “pionera por su transversalidad y porque suponía ser la primera específica para luchar contra la despoblación tanto en España como en Europa”, según recuerda el Gobierno regional. El vicepresidente ha señalado que, según los datos de la declaración de la renta del pasado año, “fueron más de 98.000 los declarantes que se beneficiaron de esas deducciones fiscales por vivir en estos pueblos”.
La ley también busca estimular la creación de empresas en el medio rural. En este sentido, Martínez Guijarro ha explicado que existen medidas de discriminación positiva para quienes instalen su empresa en estos municipios, con un 40 % adicional de todas las ayudas. “En las ayudas por establecimiento y consolidación, las zonas han contado un total de 5.594 beneficiarios a lo largo de estos años”, ha precisado.
Desde 2022, los presupuestos regionales incluyen la Memoria de Impacto Demográfico, que recoge el presupuesto destinado por todas las consejerías para frenar la pérdida demográfica. Para 2026, el presupuesto regional destina 2.116 millones de euros a estas políticas, lo que supone 5,8 millones de euros al día y representa un 3,4 % del PIB de la región.
En cuanto a la estrategia de lucha contra la despoblación, el Gobierno regional ha desarrollado más de 200 actuaciones y está elaborando las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural junto a los Grupos de Desarrollo Rural. El siguiente paso será la redacción del Estatuto del Pequeño Municipio, que busca establecer un marco jurídico específico para los municipios rurales y simplificar la administración.
El vicepresidente ha señalado que el aumento de población en las zonas despobladas ha generado una nueva necesidad: la vivienda. Para responder a esta demanda, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha un programa de rehabilitación de 11 inmuebles de titularidad municipal en siete localidades, que ya están ocupados. Además, Castilla-La Mancha lidera la gestión del programa PREE 5000 de rehabilitación de vivienda en municipios menores de 5.000 habitantes, con un presupuesto de 60 millones de euros que ha beneficiado a 1.009 viviendas y 3.450 personas.
Martínez Guijarro ha concluido que este aumento de la demanda de vivienda en los pequeños municipios “supone un nuevo reto en el que estamos trabajando”.
