El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado diez alegaciones al proyecto de real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad de los centros de datos, al considerar que algunas de las condiciones previstas pueden complicar proyectos que ya se encuentran en marcha, como el de Meta en Talavera de la Reina.
La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha defendido que la futura regulación debe ser «exigente, segura y territorialmente justa» y ha advertido de que el borrador introduce nuevas condiciones para proyectos que comenzaron su tramitación con un marco diferente.
Uno de los principales puntos de discrepancia está en las exigencias sobre energía renovable. El proyecto del Gobierno central establece que los centros de datos afectados deberán respaldar con nueva generación renovable al menos el 80 % de su consumo energético y acreditar esa cobertura hora a hora, mientras la penetración de renovables en el sistema eléctrico no supere el 90 %.
«Les pide unas exigencias a este y a otros proyectos», ha señalado Padilla. Según la portavoz, si instalaciones como la proyectada por Meta no consiguen acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos, podrían enfrentarse a consecuencias sobre sus permisos.
El borrador estatal contempla, en efecto, penalizaciones crecientes en cargos y peajes en caso de incumplimiento y, en última instancia, la pérdida de los derechos de acceso y conexión. Para los proyectos que ya están en tramitación también establece plazos para adaptarse a las nuevas condiciones.
Ante esta situación, Castilla-La Mancha reclama un régimen transitorio más flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto, y salvaguardas para aquellas inversiones que puedan acreditar que su tramitación ya se encuentra avanzada.
Otro bloque de las diez alegaciones cuestiona el rango jurídico y la proporcionalidad de determinadas medidas. La Junta considera que las consecuencias previstas requieren una cobertura legal suficiente y plantea que los recargos sean «graduales y proporcionados».
El Ejecutivo autonómico también solicita una implantación progresiva de las exigencias de consumo renovable, acompasada a la capacidad real de las redes eléctricas y al despliegue de nueva generación. Padilla ha insistido en que esta petición «no significa rebajar ni mucho menos los estándares ambientales ni establecer una excepción para Castilla-La Mancha».
El proyecto de real decreto impulsado por el Gobierno central busca ordenar el crecimiento de estas infraestructuras ante el fuerte aumento de las solicitudes de acceso a la red eléctrica y establecer requisitos sobre eficiencia energética e hídrica, consumo renovable, resiliencia y soberanía digital.
