El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado este miércoles el proceso para aprobar una ley que regule la reactivación de la carrera profesional sanitaria, suspendida desde 2012. El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el anteproyecto y el objetivo del Ejecutivo autonómico es que la norma quede aprobada antes de finalizar 2026.
La medida beneficiará al personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), tanto fijo como temporal. Desde junio se han presentado alrededor de 30.000 solicitudes para el reconocimiento de grado y, según las previsiones anunciadas por la Junta, los reconocimientos y sus correspondientes pagos serán efectivos desde el 1 de enero de 2027.
El sistema se estructura inicialmente en cuatro grados. Para acceder al primero serán necesarios al menos cinco años de servicios prestados; diez años para el segundo; dieciséis para el tercero y veintitrés para el cuarto. Para progresar será necesario tener reconocido previamente el grado inmediatamente anterior.
Además, se tendrán en cuenta los años trabajados durante el periodo en el que la carrera profesional permaneció suspendida, según ha explicado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla. La norma contempla también la posibilidad de incorporar un quinto grado en el futuro.
Las cantidades dependerán de la categoría profesional y del grado reconocido. Para los licenciados sanitarios, las cuantías irán desde 311 euros mensuales en el primer grado hasta 1.246 euros al mes en el cuarto. Este último supondrá, según los cálculos ofrecidos por el Gobierno regional, un incremento cercano a los 15.000 euros anuales.
En el caso de los diplomados sanitarios, las cantidades oscilarán entre los 202 euros mensuales del primer grado y los 810 euros del cuarto.
El anteproyecto incluye también a profesionales en promoción interna temporal, personas en situación de liberación sindical y quienes ocupen puestos directivos. Asimismo, contempla expresamente al personal funcionario sanitario local adscrito al Sescam y al personal adscrito a la Agencia de Transformación Digital.
La Junta calcula que la recuperación de este derecho tendrá un coste de 130 millones de euros al año, cerca de 11 millones mensuales.
El presidente regional, Emiliano García-Page, ha defendido desde Mullingar (Irlanda) que la intención de aprobar una ley busca consolidar la carrera profesional de cara al futuro. «Vamos ser la única autonomía que lo tenga por ley, de forma que de alguna manera lo consolidamos de cara al futuro», ha señalado.
García-Page ha indicado además que la medida responde a un compromiso «pactado también con las organizaciones sindicales» y ha relacionado la mejora de las condiciones laborales con la capacidad del sistema sanitario regional para atraer y mantener profesionales.
