Castilla-La Mancha destinará cerca de 3.000 millones de euros entre 2026 y 2030 a combatir la pobreza y la desigualdad social. El Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva estrategia que contempla 118 medidas, más del doble que la anterior, para mejorar las condiciones de vida de las personas y familias con dificultades económicas.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha presentado este viernes la II Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social, elaborada con la participación de distintas áreas del Gobierno regional, entidades sociales y ciudadanía.
Entre las actuaciones previstas figuran las becas de comedor, el transporte escolar, los bancos de libros, las medidas de acceso a la vivienda y al alquiler asequible, así como programas de formación y empleo para personas con dificultades de inserción laboral.
El plan también contempla actuaciones de apoyo a la infancia y las familias, atención sanitaria, servicios sociales y protección de personas en situación de vulnerabilidad.
Uno de cada tres habitantes está en riesgo de pobreza o exclusión
Según los datos expuestos por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el 34 % de la población de Castilla-La Mancha se encuentra actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social.
La nueva estrategia pretende reducir ese porcentaje hasta el 30 % en 2030. También se ha fijado el objetivo de rebajar otro indicador de pobreza del 9,8 % al 4 %.
La presidenta regional de EAPN, Mar González, ha advertido de que incluso alcanzar el 30 % dejaría a muchas familias en una situación complicada. «A mí me gustaría hasta bajar más porque el 30 por ciento ya no me gusta porque detrás de todos esos datos hay personas y familias que se encuentran con mucha dificultad para llegar a final de mes», ha señalado.
Seguimiento de las medidas hasta 2030
La estrategia se estructura en tres grandes retos, 12 objetivos y 118 medidas, financiadas con recursos de la Consejería de Bienestar Social y fondos europeos.
El Gobierno regional realizará una evaluación intermedia en 2028 para comprobar los resultados y ajustar las actuaciones que sean necesarias.
