Castilla-La Mancha acusa al Gobierno de imponer un modelo de financiación «cerrado con Cataluña» y exige más transparencia

El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, asegura que la propuesta genera "privilegios" para Cataluña

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cargado este lunes contra la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por el Ejecutivo central. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha denunciado la «falta de transparencia» del proceso y ha asegurado que el acuerdo «ya está cerrado» entre el Gobierno y ERC para Cataluña.

En una rueda de prensa previa a la reunión técnica convocada para este martes, de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo 29 de julio, Ruiz Molina ha reclamado que todas las comunidades autónomas dispongan de la misma información sobre la negociación.

El consejero ha afirmado que el modelo planteado supone «un contrato de adhesión» y ha criticado que, a su juicio, concede «privilegios» a Cataluña en perjuicio del resto de autonomías.

Además, ha advertido de que el Ejecutivo regional interpreta la propuesta como un «chantaje», al considerar que las comunidades que no acepten el nuevo sistema podrían quedar fuera del reparto de los 21.000 millones de euros que el Gobierno central prevé destinar a la financiación autonómica, manteniéndose con el modelo actual.

Ante esta situación, Ruiz Molina ha reiterado la petición del presidente regional, Emiliano García-Page, para que el debate sobre la financiación autonómica se aborde en una Conferencia de Presidentes, al entender que se trata de un asunto de especial relevancia para todas las comunidades.

El responsable regional de Hacienda también ha señalado que, según la información de la que dispone, Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que ha remitido una propuesta propia de financiación al Ministerio.

Esa propuesta, ha explicado, defiende un modelo basado en el principio de igualdad, con un reparto de recursos que garantice la misma financiación por habitante y permita prestar los servicios públicos esenciales en condiciones similares en todo el país.

«Castilla-La Mancha no quiere más que nadie, pero tampoco menos que nadie», ha afirmado Ruiz Molina, quien ha insistido en que la comunidad reclama recibir la misma financiación por habitante que obtendría Cataluña con el nuevo modelo.

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