Miles de personas dependientes, con discapacidad y sus familias en Castilla-La Mancha se verán afectadas por los cambios que introduce la nueva reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que entra en vigor este viernes, 23 de octubre.
La normativa, aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 16 de septiembre, busca simplificar los trámites administrativos, ampliar las prestaciones y mejorar la atención a quienes necesitan ayuda para realizar las actividades de su vida cotidiana.
Entre las principales novedades destacan la reducción del plazo para reconocer la dependencia, la posibilidad de combinar prestaciones y servicios y el reconocimiento de nuevos perfiles de cuidadores.
No obstante, algunas de estas medidas necesitarán un desarrollo reglamentario y la intervención de las comunidades autónomas antes de poder aplicarse plenamente.
El plazo para reconocer la dependencia se reduce de seis a tres meses
Uno de los cambios más importantes para los vecinos de Castilla-La Mancha afecta al tiempo de espera para obtener el reconocimiento de la situación de dependencia.
Hasta ahora, el plazo máximo establecido para resolver estos procedimientos era de seis meses. Con la nueva normativa, ese límite se reduce a tres meses.
La medida pretende agilizar el acceso a las prestaciones y servicios, aunque su cumplimiento efectivo dependerá de la capacidad de las administraciones para tramitar las solicitudes.
La reforma también contempla que el reconocimiento de un grado de dependencia permita obtener automáticamente el reconocimiento de discapacidad, en los términos que establezca la nueva regulación.
De esta manera, se busca evitar que los ciudadanos tengan que pasar por procedimientos administrativos separados para acreditar situaciones relacionadas.
Se podrán combinar ayudas y servicios de dependencia
Otra de las novedades es la eliminación de las incompatibilidades entre prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
El objetivo es permitir que una persona pueda recibir distintos apoyos adaptados a sus necesidades, sin tener que renunciar necesariamente a unos para acceder a otros.
La reforma también incorpora la teleasistencia como un derecho subjetivo, reforzando el acceso a este servicio para las personas que necesitan atención y seguimiento en su domicilio.
Además, se reconoce la figura del asistente personal, destinada a favorecer la autonomía de las personas dependientes y facilitar su participación en la vida cotidiana.
Amigos y vecinos también podrán ser reconocidos como cuidadores
La nueva legislación introduce cambios en el reconocimiento de las personas que prestan cuidados.
Hasta ahora, la atención en el entorno familiar estaba especialmente vinculada a los familiares directos.
Con la reforma, se amplía la posibilidad de reconocer oficialmente como cuidadores a personas del entorno cercano, como amigos o vecinos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Esta medida puede resultar especialmente relevante en los municipios rurales de Castilla-La Mancha, donde algunas personas mayores o dependientes reciben ayuda habitual de vecinos y personas de confianza.
Más facilidades para adaptar edificios y viviendas
La reforma también introduce modificaciones relacionadas con la accesibilidad de los inmuebles.
Entre ellas, se incluyen cambios en la Ley de Propiedad Horizontal para reforzar la obligación de las comunidades de propietarios de solicitar ayudas destinadas a eliminar barreras arquitectónicas.
Estas actuaciones pueden incluir mejoras que faciliten la movilidad y el acceso a los edificios de personas con discapacidad o movilidad reducida.
Asimismo, la normativa prohíbe incrementar el precio de los seguros por razón de discapacidad, con el objetivo de evitar situaciones de discriminación.
Más financiación para la dependencia
La reforma incorpora también cambios en la financiación del sistema.
La nueva normativa establece que la Administración General del Estado debe asumir el 50 % de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Además, contempla una aportación adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Derechos Sociales, las comunidades autónomas recibieron 739 millones de euros adicionales para dependencia entre julio y septiembre de este año.
Estos recursos deberán contribuir a mejorar la atención y ampliar la capacidad de respuesta de los servicios públicos.
Algunas medidas todavía tendrán que desarrollarse
Aunque la reforma entra en vigor este viernes, no todas sus novedades tendrán una aplicación inmediata.
El Gobierno dispone de un plazo máximo de un año para aprobar un nuevo baremo de valoración de la dependencia, que deberá acordarse previamente con las comunidades autónomas.
También quedan pendientes otros desarrollos normativos relacionados con la accesibilidad de los edificios y el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad.
Además, buena parte de las medidas requerirá actuaciones específicas de los gobiernos autonómicos, incluido el de Castilla-La Mancha.
El reto pendiente: acabar con las listas de espera
Pese a las mejoras que introduce la legislación, uno de los principales desafíos continúa siendo el tiempo que muchas personas esperan para acceder a la atención.
Según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, 236.736 personas se encuentran a la espera de algún trámite o prestación del sistema de dependencia en España.
De ellas, 134.734 llevan más de seis meses esperando, superando el plazo máximo legal vigente hasta ahora.
