El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Agua de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha registrado un centenar de aportaciones a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EpTIs) del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) para las siete demarcaciones hidrográficas que atraviesan la región: Tajo, Segura, Júcar, Guadiana, Guadalquivir, Duero y Ebro. Estas propuestas se han elaborado siguiendo los principios del Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha subrayado el carácter participativo del proceso, destacando que «ha sido un verdadero trabajo colaborativo de muchas personas y colectivos relacionados con el agua y creo que hemos conseguido realizar una buena propuesta con los asuntos más importantes para Castilla-La Mancha de cada demarcación». Gómez ha añadido que «el resultado son unos documentos muy valiosos, tanto desde el punto de vista del análisis como de las propuestas que incorpora».
En la elaboración de estas propuestas han participado 71 personas en mesas de trabajo provinciales, que han presentado cerca de 200 iniciativas. El documento de conclusiones se expuso la semana pasada en el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha. «Es también el reflejo del trabajo, del diálogo, del aprendizaje compartido y de la capacidad de cada persona y entidad para aportar sus conocimientos y experiencia con un objetivo común, como es mejorar la gestión y el futuro hídrico de nuestra región», ha afirmado la consejera.
Las propuestas se distribuyen entre las distintas cuencas con un enfoque común basado en el Pacto Regional del Agua, pero adaptadas a las problemáticas específicas de cada territorio. La mayor parte de las aportaciones se concentran en las demarcaciones del Guadiana (30), Tajo (22), Júcar y Segura (18 cada una).
En el caso del Guadiana, el Gobierno regional plantea la prórroga de las medidas del Plan Especial del Alto Guadiana y de las concesiones otorgadas, así como la gestión de acuíferos, la flexibilización ambiental y el desarrollo de recursos alternativos. Se propone incrementar los recursos disponibles mediante la recarga artificial de acuíferos, el uso de aguas regeneradas y el desarrollo de infraestructuras, frente a un enfoque limitado a la reducción de la demanda. Gómez ha señalado que las alegaciones «se centran en la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión del agua más equilibrado y adaptado a la realidad del territorio, con especial atención a las aguas subterráneas y al impacto socioeconómico de las medidas previstas». Además, se subraya la importancia del regadío para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, reclamando mecanismos para su adaptación progresiva.
En la demarcación del Tajo, la consejera ha destacado la revisión del modelo de gestión del trasvase Tajo-Segura, la mejora de la calidad del agua, el refuerzo de caudales ecológicos y la adaptación normativa al medio rural. Las alegaciones se centran en «reforzar el rigor técnico, la protección ambiental y la priorización de los intereses de la propia cuenca frente a presiones externas». Gómez ha precisado que se reclama «que se otorgue mayor peso a los grandes focos de contaminación, especialmente los vertidos de grandes áreas urbanas como Madrid, frente a la atención desproporcionada a pequeños municipios». Asimismo, se insiste en que el trasvase Tajo-Segura debe analizarse de forma transversal, evaluando su impacto real sobre caudales, calidad del agua, acuíferos y ecosistemas, y se propone «una revisión de sus reglas de explotación que garanticen el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos establecidos».
En el Júcar, las propuestas buscan reforzar el control de recursos hídricos y garantizar un reparto equilibrado dentro de la cuenca, revisando transferencias y mejorando el equilibrio interno. Se reclama mayor claridad en los balances hídricos y una definición rigurosa de los excedentes, evitando compromisos de trasvases, como el Júcar-Vinalopó, sin una base técnica que garantice su viabilidad, y protegiendo los intereses de los territorios cedentes.
En el Segura, las alegaciones se centran en la sobreexplotación de aguas subterráneas y el impacto socioeconómico de las medidas previstas en las zonas de interior, especialmente en el sureste de Albacete. Se critica que el Esquema de Temas Importantes no plantee soluciones concretas y se insiste en un reparto más equilibrado de los recursos, proponiendo compensaciones y prioridad en el acceso a nuevos recursos generados. Además, se rechaza la consideración automática de volúmenes disponibles para trasvases sin una determinación anual real de excedentes.
Para el Guadalquivir, las propuestas se orientan a adaptar la planificación hidrológica a la realidad rural, mejorar la garantía de abastecimiento y reforzar la calidad del agua desde un enfoque más realista, proponiendo requisitos de depuración diferenciados para pequeños municipios y la puesta en marcha de actuaciones estratégicas de regulación pendientes.
En el Ebro, las propuestas se centran en la gestión de recursos, calidad del agua y necesidades territoriales, mientras que en el Duero se apuesta por actuaciones de restauración hidrológico-forestal como herramienta clave para la gestión del ciclo hidrológico.
