El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprovechado la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la planificación hidrológica para lanzar un mensaje claro a las regiones del Levante. Según el Ejecutivo autonómico, la resolución judicial obliga a replantear el actual modelo del trasvase Tajo-Segura y pone sobre la mesa la necesidad de recurrir a la desalación como alternativa para garantizar el abastecimiento en el sureste español.
Durante un acto celebrado en Ciudad Real, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha valorado la sentencia que declara inadmisible el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante. Caballero ha calificado el fallo como “una más” favorable a los intereses de Castilla-La Mancha, dentro de una serie de resoluciones que, según ha señalado, avalan la postura del Ejecutivo regional en torno al trasvase y la gestión de los recursos hídricos.
El vicepresidente ha defendido que el agua “se tiene que quedar y servir a nuestro desarrollo”, aunque ha matizado que no se niega el abastecimiento al Levante cuando sea necesario. No obstante, ha insistido en que el modelo actual debe cambiar para priorizar las necesidades de la región. Caballero ha ido más allá al señalar que “en el Levante tendrán que acostumbrarse” a utilizar otros recursos, como la desalación, al considerar que cuentan con acceso al agua del mar, a diferencia de Castilla-La Mancha, que “depende exclusivamente de sus ríos y del Tajo”.
Caballero también ha subrayado que esta resolución judicial “pone en evidencia” los intentos de frenar los cambios en la gestión del agua por parte de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Además, ha expresado su confianza en que, “más pronto que tarde”, Castilla-La Mancha pueda hacer uso pleno de sus recursos hídricos conforme a las decisiones judiciales.
En la misma línea, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha manifestado que la modificación de las reglas de explotación del trasvase “debería estar más cerca” tras esta resolución. “Si el Ministerio estaba esperando a que se resolvieran los recursos, ya solo queda uno”, ha afirmado Padilla ante los medios de comunicación.
Padilla ha incidido en que esta es “una sentencia más que se suma y que refuerza la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha, que es la defensa del río Tajo y, por supuesto, de los intereses de Castilla-La Mancha”.
La portavoz ha recordado que “la posición de este Gobierno siempre ha sido una posición de defensa de algo que considerábamos injusto desde el inicio pero que, si cabe, se ha acentuado más esa injusticia y el despropósito desde que la Unión Europea y los planes hidrológicos nacionales dicen lo que dicen, que hay que respetar los caudales ecológicos y que no se puede trasvasar tanta agua como se trasvasa al Levante”.
