El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha expresado este martes su rechazo frontal al modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno regional, Ruiz Molina ha asegurado que la propuesta «no llegará a tramitación parlamentaria y no contará con apoyo político porque es un modelo injusto, regresivo, y condicionado por los independentistas catalanes, que quieren más financiación que los demás territorios».
Durante su comparecencia, el consejero ha informado de los detalles de la reunión bilateral mantenida este lunes con la Secretaría de Estado de Hacienda, en la que, según ha explicado, el Ejecutivo regional reiteró su oposición al modelo propuesto. Ruiz Molina ha solicitado además una comparecencia en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para explicar el modelo alternativo de igualdad defendido por su gobierno y para recabar el respaldo de la oposición. En este sentido, ha señalado que la oposición «debería presentar propuestas en lugar de críticas exclusivamente», en referencia al Partido Popular.
Ruiz Molina ha insistido en que el modelo presentado por el Ministerio de Hacienda «trata de satisfacer privilegios para una determinada comunidad autónoma que se convierten en desventajas para Castilla-La Mancha». El consejero ha subrayado que la propuesta se basa en el principio de «ordinalidad», que, según ha explicado, favorece a los territorios con mayor población y, por tanto, con más recursos.
«Le dije al secretario de Estado que no concebía cómo un gobierno progresista podía defender un postulado de esas características, lo que creo que va en contra de la propia Constitución», ha afirmado Ruiz Molina. El consejero ha recalcado que Castilla-La Mancha «quiere un modelo fundamentado en la igualdad, que proteja a los ciudadanos, con independencia de donde vivan, y que garantice el coste real de la prestación de servicios, en función de la superficie o de la dispersión de la población».
Ruiz Molina también ha lamentado las condiciones en las que se desarrolló la reunión en el Ministerio de Hacienda, señalando que acudió tras recibir información «en una hoja de Excel a última hora del jueves» y sin disponer de datos precisos sobre el sistema o sobre la cuantía que podrían recibir las comunidades autónomas. Además, ha criticado la «ocurrencia» del Ministerio de incluir el fondo de cooperación interterritorial dentro del sistema de financiación, en lugar de utilizarlo para «reducir las diferencias de renta y de riqueza entre regiones».
La postura del Gobierno de Castilla-La Mancha, según ha reiterado Ruiz Molina, es la defensa de un modelo de financiación autonómica que garantice la igualdad y la prestación de servicios públicos en condiciones equitativas para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.
