El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su «oposición frontal» al nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Ejecutivo central y asegura que, con la información conocida hasta ahora, la región empeoraría su situación en términos relativos respecto al sistema vigente.
Así lo ha señalado este martes el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, a tres días de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este viernes, 4 de septiembre, donde volverá a abordarse la financiación de las comunidades autónomas.
Ruiz Molina ha criticado tanto el contenido como la forma en la que se ha planteado el modelo. La Junta rechaza que haya sido negociado previamente con ERC y considera que el sistema propuesto no garantiza suficientemente la igualdad entre ciudadanos a la hora de acceder a los servicios públicos.
Una de las principales objeciones de Castilla-La Mancha está relacionada con el principio de ordinalidad. Según la interpretación del Gobierno regional, su aplicación supone que «quien más impuesto paga tiene derecho a mejores servicios públicos», un planteamiento que la Junta rechaza.
El consejero ha explicado además que Castilla-La Mancha dispone ahora de más datos que cuando mostró inicialmente su rechazo. «Solo teníamos información de Castilla-La Mancha, ahora tenemos información del conjunto de las comunidades», ha indicado.
Con esos nuevos datos, Ruiz Molina sostiene que Castilla-La Mancha «empeora» su posición relativa respecto al actual sistema de financiación, aunque en la información facilitada no se concreta qué cantidad recibiría la región ni cuál sería la diferencia económica con el modelo vigente.
La Junta llevará esta posición a la reunión del viernes y pedirá al Ministerio de Hacienda que, si la propuesta se somete a votación, la Administración del Estado se abstenga. El objetivo, según Ruiz Molina, es que el resultado refleje exclusivamente la posición de las comunidades autónomas.
El debate resulta especialmente relevante para Castilla-La Mancha porque el sistema de financiación determina buena parte de los recursos disponibles para sostener servicios públicos de competencia autonómica, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
