La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo 17 de septiembre a I.E.G., un hombre para el que la Fiscalía solicita ocho años y cuatro meses de prisión por presuntos delitos contra la libertad sexual, agresión sexual y amenazas a un menor que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan a junio y julio de 2022. El procesado habría comenzado entonces a mantener contactos reiterados a través de WhatsApp con el adolescente, hijo de una compañera de trabajo.
La acusación pública sostiene que el hombre insistía de manera persistente en quedarse «a solas» con el menor y trataba de ganarse su confianza utilizando un lenguaje seductor. El adolescente no habría contado inicialmente la situación a su madre por miedo a que pudiera sufrir represalias en su trabajo.
El 1 de julio de 2022, ambos quedaron en las inmediaciones de la plaza de toros de una localidad de la comarca de Daimiel. Según la Fiscalía, el acusado habría ofrecido dinero al menor para que le mostrara sus genitales y se masturbara, algo a lo que el adolescente se negó.
Posteriormente, el procesado le habría ofrecido una botella de Coca-Cola. El menor bebió aproximadamente la mitad y, siempre según el relato de la acusación, comenzó a sentirse mareado.
La Fiscalía sostiene que el acusado aprovechó esa situación para realizarle tocamientos de carácter sexual en dos ocasiones, mientras le sujetaba y le impedía abandonar el lugar.
Tras estos hechos, el hombre habría continuado llamando reiteradamente al adolescente y amenazándolo con perjudicar laboralmente a su madre. El escrito fiscal recoge que llegó a advertirle de que algún día podría sufrir «un accidente con la furgoneta del trabajo» en la que viajaba.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita tres años de prisión por un delito contra la libertad sexual, cuatro años por un delito de agresión sexual y otros 16 meses por amenazas, lo que suma ocho años y cuatro meses de cárcel.
La Fiscalía reclama además prohibiciones de aproximación y comunicación con el menor, diez años de libertad vigilada y la inhabilitación durante el mismo periodo para ejercer profesiones u oficios que impliquen un contacto regular y directo con menores.
Los hechos corresponden al relato de la acusación pública y deberán ser acreditados durante el juicio.
