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El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha puesto en marcha en la región un plan regional del control del cumplimiento de la cadena alimentaria que ayude a conseguir el objetivo de la garantía de los costes de producción en el contrato de compraventa entre los agricultores y ganaderos y la industria agroalimentaria.

Un plan que se realiza junto con la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y que se une al plan de control de la trazabilidad puesto en marcha en la legislatura pasada, con lo que se está garantizando la trazabilidad y la transparencia “de un sector agroalimentario que cumple y el que no cumple lo queremos expulsar del sistema porque no ayuda”.



Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en su intervención en el pleno de las Cortes hoy jueves, en un debate sobre la aplicación del Real Decreto de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.

Además, ha enumerado, una batería de medidas a favor del sector desde la región. De esta forma, en cuanto a los seguros agrarios, el consejero ha indicado que Castilla-La Mancha va a igualar el incremento comprometido por el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recordando que ya en la Comunidad Autónoma el presupuesto para el presente ejercicio 2020 ha crecido un 11% más que el año anterior en la época en la que gobernó el PP, sin embargo, la contribución cayó “en picado”.


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El consejero, además, ha incidido en la importancia que para el Ejecutivo de Castilla-La Mancha tiene el sector agroalimentario, y en especial el primer eslabón de la cadena agroalimentaria, los agricultores y ganaderos.

Así, ha recordado, que en los últimos cuatro años se han constituido una decena de Agrupaciones de Productores que facturan 113 millones de euros y agrupan a 18.000 agricultores y, además, cinco Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional (EAPIR), que entre las cinco, con 42 cooperativas, cuentan con 24.000 agricultores y una facturación de 307 millones de euros, que permiten que se defienda mejor el producto en los mercados nacionales e internacionales al ser más fuertes.

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Otra de las iniciativas del Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido fomentar la puesta en marcha de canales cortos de comercialización, lo que permite a los agricultores acercar sus productos de forma más directa, como mucho con un intermediario, a los consumidores, con una ayuda de 100.000 euros por cada proyecto.

A esto se une a que en la región se está a punto de abrir en San Clemente (Cuenca) un Local Autorizado de Mercancías de Exportación (LAME), que se va a beneficiar agricultores de cebolla o sandía, por ejemplo. Todo esto, “son decisiones de verdad, no papel mojado” ha subrayado.

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