El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 25 de agosto, un real decreto que modifica la normativa sobre el potencial de producción vitícola y el sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedo para adaptarlos a la nueva regulación comunitaria incluida en el denominado «paquete legislativo del vino».
La modificación, propuesta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, incorpora a la normativa española algunas de las medidas consideradas más urgentes de la reforma europea, que entró en vigor el pasado mes de marzo y busca dar respuesta a los principales problemas que atraviesa actualmente el sector vitivinícola.
Entre los principales cambios se encuentra la ampliación de la vigencia de las autorizaciones de replantación de viñedos y la eliminación de las sanciones administrativas por no utilizarlas.
También se amplía la duración de las autorizaciones para nuevas plantaciones en determinados casos excepcionales y se introduce la posibilidad de que no se conceda ninguna autorización cuando se establezcan limitaciones a nuevas superficies de viñedo.
El Ministerio de Agricultura ha recordado que buena parte de estas medidas fueron impulsadas por España durante los trabajos y negociaciones mantenidos entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea. Entre ellas figura la flexibilización del sistema de autorizaciones para la plantación de viñedo.
La normativa española se adapta así al «paquete legislativo del vino», acordado el pasado marzo entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea para afrontar los desafíos económicos y productivos del sector.
Cambios relacionados con las medidas de crisis
El nuevo real decreto introduce además elementos destinados a mantener la coherencia con las medidas de crisis aplicadas en el sector vitivinícola. En concreto, establece condiciones para los beneficiarios de las ayudas destinadas al arranque permanente de viñedo.
Otra de las novedades más significativas es la actualización de la lista de variedades de uva de vinificación autorizadas, un aspecto directamente relacionado con la regulación del potencial productivo del viñedo español.
Con estos cambios, el Gobierno adapta la legislación nacional a la nueva normativa europea y flexibiliza determinados requisitos administrativos que afectan a viticultores y explotaciones de viñedo.
