La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este martes que iniciará en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso 2026-2027, una campaña de movilizaciones en toda España en defensa de la escuela pública y la mejora de las condiciones laborales del profesorado, con la posibilidad de convocar una huelga nacional de docentes. La decisión se produce tras lo que el sindicato califica como “abandono que sufre la educación pública por parte de Gobierno y comunidades autónomas”.
El presidente nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha hecho un llamamiento al resto de organizaciones sindicales para sumarse a la iniciativa: “Hacemos un llamamiento al resto de organizaciones sindicales porque este reto nos supera”, ha señalado durante una rueda de prensa celebrada este martes.
El sindicato ha explicado que la campaña responde a la negativa de las administraciones a “aportar los recursos materiales y humanos para seguir ofreciendo una educación de calidad”. CSIF ha abierto un periodo de “reflexión y de consulta” con sus responsables autonómicos para determinar el alcance de las movilizaciones, que se extenderán durante el próximo curso escolar.
CSIF ha recordado que “la falta de coordinación y el abandono han provocado movilizaciones en diferentes comunidades autónomas” y ha defendido la necesidad de “dar una visión de conjunto de este malestar con la convocatoria de nuevas acciones”.
Entre los problemas señalados por el sindicato destacan la “falta de inversión real en el sistema educativo público; ratios profesor/alumno excesivas en las aulas; gasto desigual por alumno entre comunidades autónomas; alta interinidad del profesorado; exceso de burocracia; escaso reconocimiento de la figura docente; y retribución insuficiente”. Además, CSIF advierte que la inestabilidad política y la falta de apoyo del Gobierno están “congelando la tramitación del proyecto de ley de mejora de las condiciones del profesorado no universitario”, lo que a su vez “está frenando la negociación de nuevas medidas, como por ejemplo más recursos para la atención de la diversidad del alumnado, como aquellos que necesitan apoyo específico”.
En relación con el alumnado con necesidades especiales, CSIF ha alertado de que el número de estudiantes con Necesidad Especial de Apoyo Educativo (ACNEAE) se ha triplicado desde el curso 2011-2012, representando ya el 17 por ciento de los estudiantes en centros públicos y el 15 por ciento del total en el sistema educativo no universitario. El crecimiento más acusado se ha producido entre los alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA), que han pasado de 19.023 en el curso 2011-2012 a 107.977 en el 2024-2025. El sindicato considera que esta situación exige una dotación estructural de especialistas “muy superior a la actual” y reclama que el Estatuto Docente fije ratios máximas de atención especializada.
CSIF también ha criticado el uso de los Fondos NextGeneration de la Unión Europea, asegurando que “se han olvidado de impulsar medidas de transformación del sistema educativo y mejora del profesorado, ya que se han destinado sobre todo a la digitalización de centros, formación de profesorado, competencias digitales y programas de inclusión educativa, entre otros”. El sindicato propone la creación de un Plan Nacional de Equiparación Retributiva Docente para reducir las diferencias salariales entre comunidades autónomas.
En cuanto a la Formación Profesional, CSIF denuncia que los fondos europeos “no han servido para mejorar esta etapa educativa”. Según el sindicato, “la implantación de la FP Dual está ocasionando serias dificultades para que el alumno que inicia esta enseñanza realice las prácticas en empresas, lo que les facilitaría su inserción en el mundo laboral”.
Entre las medidas urgentes que CSIF reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas figuran el incremento progresivo del gasto en educación pública hasta el 7 por ciento del PIB, un gasto mínimo por alumno de 7.421 euros garantizado por el Estado, la reducción efectiva de ratios de aula, la disminución de la interinidad docente al 8 por ciento mediante convocatorias anuales de oposiciones, la recuperación del poder adquisitivo y la fijación de un horario lectivo máximo por ley nacional (23 horas semanales en Primaria y 18 horas en Secundaria). También pide un plan nacional de equiparación retributiva, homogeneización de competencias básicas, refuerzo de la Formación Profesional Pública y una prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado.
CSIF ha iniciado una ronda de contactos con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, para reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado que permita “reformar el sistema educativo público y adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de la sociedad española”.
Durante su intervención, Mario Gutiérrez ha subrayado que la educación “es una cuestión de Estado, no de un gobierno ni de un partido”, y ha criticado que “una ministra en activo o una candidata a presidir una comunidad autónoma anime a las movilizaciones como si no tuviera nada que ver con ellos”, en referencia a la líder socialista en la Comunidad Valenciana, Diana Morant.
Respecto a la agresión a una docente por parte de un policía en la Comunidad Valenciana, Gutiérrez ha recalcado que “las imágenes son denunciables”: “Están en la justicia y evidentemente esperamos que se esclarezca y que se tomen las medidas oportunas porque eso no puede suceder”. Asimismo, ha avanzado que desde CSIF están estudiando “alguna acción jurídica” debido a “alguna acción violenta” contra delegados del sindicato.
