La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha solicitado formalmente al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se aplace hasta el 1 de enero de 2028 la obligación de llevar un registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios. La organización considera que buena parte del sector agrario todavía no dispone de los medios necesarios para adaptarse a esta exigencia, recogida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564.
Pese al aplazamiento ya concedido por la Comisión Europea, ASAJA advierte de que miles de explotaciones siguen encontrando dificultades para cumplir con esta normativa, especialmente las pequeñas y medianas, que cuentan con menos recursos técnicos, económicos y administrativos.
La situación resulta especialmente complicada en las zonas rurales con problemas de conectividad, donde la falta de cobertura dificulta el uso de aplicaciones y plataformas digitales. A ello se suma la situación de los agricultores de mayor edad, que, según la organización, necesitan formación y acompañamiento para adaptarse a los nuevos sistemas.
ASAJA considera que exigir el cumplimiento de esta obligación en los plazos actuales supondría una carga administrativa adicional para numerosas explotaciones y podría generar inseguridad jurídica y riesgo de sanciones, incluso entre aquellos agricultores que intentan cumplir la normativa.
Libertad para elegir la herramienta digital
Uno de los aspectos en los que insiste la organización es la necesidad de diferenciar esta obligación del Cuaderno Digital de Explotación (CUE).
ASAJA recuerda que la normativa europea exige disponer de registros electrónicos de los tratamientos fitosanitarios en un formato legible por máquina, pero no establece la utilización de una aplicación concreta ni de un sistema nacional determinado.
Por este motivo, reclama que los agricultores puedan utilizar cualquier herramienta digital que cumpla los requisitos técnicos establecidos, incluidas hojas de cálculo como Excel, sin necesidad de recurrir obligatoriamente a plataformas específicas.
La organización también solicita al Gobierno de España que aproveche la flexibilidad contemplada en la normativa europea para ampliar el plazo de anotación de los tratamientos.
En lugar de exigir que los registros se incorporen en los 30 días posteriores a la aplicación del producto fitosanitario, ASAJA propone permitir su anotación hasta el 31 de enero del año siguiente al de su utilización.
Una petición conjunta ante la Unión Europea
ASAJA quiere que esta reivindicación tenga también alcance europeo. Para ello, ha pedido al Ministerio de Agricultura que impulse una iniciativa conjunta con otros Estados miembros y lleve la cuestión al próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (AGRIFISH), dentro del apartado de «Otros asuntos».
La organización considera que las dificultades de adaptación no afectan únicamente a España, sino que se repiten en numerosas explotaciones de otros países europeos. Por ello, entiende que una posición compartida permitiría reforzar la petición de aplazamiento ante la Comisión Europea.
Con este objetivo, ASAJA mantendrá contactos con organizaciones agrarias de Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Polonia y Rumanía para tratar de consensuar una postura común que posteriormente trasladará a las instituciones europeas y a los respectivos Gobiernos nacionales.
Además, la organización ha anunciado que planteará esta reivindicación en las reuniones que mantendrá durante los próximos días con los partidos políticos, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, con el objetivo de conseguir compromisos para retrasar la entrada en vigor de esta obligación.
ASAJA insiste en que no se opone a la digitalización del campo y reconoce sus ventajas para mejorar la trazabilidad de los tratamientos y la gestión de las explotaciones. Sin embargo, defiende que su implantación debe realizarse de manera gradual, con plazos realistas y con el apoyo técnico y económico necesario para que ningún agricultor quede atrás.
