Los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro que quieran participar en el nuevo Plan de Empleo de Castilla-La Mancha podrán presentar sus proyectos hasta el día 11 de noviembre, según ha adelantado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha avanzado que la estimación del Ejecutivo es tener la resolución definitiva de la convocatoria en la semana del 9 de diciembre.

En rueda de prensa, acompañada del director general de Empleo, José Luis Cabezas, Franco ha dado cuenta de la nueva convocatoria del Plan de Empleo, aprobada este mismo jueves en un Consejo de Gobierno Extraordinario, que se publicará este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y que prevé una inversión de 51,9 millones de euros, de los que 50,4 van destinados a entidades locales y 1,5 a entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de unas 8.000 personas.



El modelo será nuevamente de cofinanciación entre la Junta y las cinco diputaciones provinciales -también se ha aprobado la firma con cada una de ellas que se sustanciará este viernes-, de tal manera que la Administración regional aporta 26,7 millones del total (el 53 por ciento) y las diputaciones 23,72 millones de euros (el 47 por ciento).

Franco ha explicado que obtendrán mayor financiación las cinco capitales de provincia además de Talavera de la Reina, Puertollano y Tomelloso y que todos los ayuntamientos tendrán un plazo de ejecución de un año desde la publicación de la convocatoria para la ejecución de los proyectos o, si ya los han iniciado, desde su puesta en marcha. Las entidades obtendrán un anticipo del 75 por ciento de la ayuda en la resolución de la concesión y el 25 por ciento restante con la justificación del proyecto.

Como en ediciones anteriores del Plan de Empleo se contemplan proyectos en materia de recuperación del patrimonio, cuidado de mayores, comedores escolares, energías renovables, infraestructuras hidráulicas, urbanismo o atención a personas en situación de exclusión social, lo cual permitirá «que muchos municipios puedan prestar mejor servicio a sus ciudadanos» a través de estas iniciativas.

Los objetivos de la convocatoria «siguen alineados con los de hace más de cuatro años», ha recordado Franco, y buscan la «activación de la búsqueda de empleo para personas desempleadas de larga duración que han agotado sus prestaciones» así como «mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias buscando oportunidades en el mercado laboral ordinario de trabajo».

NOVEDADES

Entre las novedades de la convocatoria, junto a la suma de las cinco diputaciones «en bloque», figura la posibilidad de interrumpir los contratos para aquellas personas que estén realizando campañas agrarias, de tal manera que luego puedan volver al contrato, y la incorporación del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 22%, así como un 20% adicional para las denominadas zonas de Inversión Territorial Integrada (ITI), que contemplan «una mayor financiación».

De este modo, la ayuda general será de 6.000 euros para los contratos de seis meses de duración y en zonas ITI esa cantidad se elevará a 7.560 euros por el mismo tiempo. Además, se recoge la figura del coordinador de los proyectos de los ayuntamientos y entidades, que puede llegar a tener un contrato de nueve meses y, en ese caso, la ayuda ascenderá a 10.987 euros o 13.076 euros en zonas ITI.

Asimismo, se pone en marcha el contrato de formación y aprendizaje, que llevarán un 75 por ciento de jornada de contrato y un 25 por ciento adicional donde habrá de prestarse una formación para la mejora de la empleabilidad a través de centros homologados.

El procedimiento a seguir para ayuntamientos y beneficiarios se llevará a cabo a través de las oficinas Emplea, aunque los consistorios podrán hacer un proceso de selección específico de personal o solicitar a la oficina de empleo una oferta con los perfiles que cumplan los requisitos para cada proyecto.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del Plan de Empleo serán demandantes de empleo de larga duración inscritos en las oficinas de empleo durante al menos 12 de los últimos 18 meses y que en el momento de la contratación o con anticipación estén desarrollando un itinerario personalizado, y otros colectivos como demandantes no ocupados de entre 25 y 65 años que no perciban prestación por desempleo.

También va dirigido a menores de 25 o mayores de 65 años en el caso de que tengan responsabilidades familiares a su cargo y lo corroboren los Servicios Sociales, a autónomos que estuvieron dos años al menos cotizando en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y estén inscritos como demandantes de empleo no ocupados, o desempleados que lo estén por atender a dependientes o por convivir con personas dependientes de familias sin miembros en activo.

Igualmente se atenderá de forma especial a las personas con discapacidad y mujeres víctimas de la violencia de género y se guardará una reserva del 25% del total de los contratos a personas en situación de exclusión social, tal y como ha detallado la consejera, que ha admitido que el comportamiento del Cheque Transición -que los beneficiarios del Plan pueden utilizar a los doce meses siguientes a la finalización del contrato- ha sido utilizado por 324 personas.

Hasta la fecha, el Plan de Empleo 2018-2020 en sus anteriores ediciones ha permitido más de 26.600 contrataciones, de las que 11.100 han sido en la línea de colaboración con ayuntamientos y diputaciones, y el resto a través de distintas líneas y ejes de la convocatoria -Contrato Joven, Cheque Transición o Programa Garantía +55, entre otros-.



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