El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reiterado su apuesta por la modernización de los regadíos en Castilla-La Mancha, con inversiones que superan los 80 millones de euros y la previsión de que todas las actuaciones estén finalizadas antes del 30 de julio de 2026. Así lo ha manifestado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, durante la clausura del XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, celebrado esta semana en Ciudad Real.
García ha detallado que “el Ministerio está invirtiendo más de 80 millones de euros en modernización de regadíos en Castilla-La Mancha”, de los cuales 47 millones corresponden a siete actuaciones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Según ha explicado, tres de estas actuaciones ya han sido entregadas a las comunidades de regantes, otras dos están terminadas a falta de su recepción formal y las dos restantes siguen en ejecución. La secretaria de Estado ha asegurado que “todas esas actuaciones estarán finalizadas antes del 30 de julio de 2026”, marcando así un horizonte concreto para su culminación.
Entre los proyectos destacados, García ha mencionado el de Illana-Leganiel, con una inversión superior a los 24 millones de euros, cuya parte correspondiente al Ministerio ya ha finalizado, quedando pendiente la entrega a la comunidad de regantes hasta que Unión Fenosa complete su parte. Además, ha señalado que el Ejecutivo central destina más de 12 millones de euros a los regadíos de Mora.
En su intervención, la secretaria de Estado ha subrayado que la modernización del regadío debe llegar a todo tipo de explotaciones y comunidades: “Todos nuestros regantes, grandes, pequeños o medianos tienen el derecho a tener su modernización hecha precisamente para esa mejora utilización del agua”.
García ha defendido que el Ministerio está cumpliendo “íntegramente todos sus compromisos con Castilla-La Mancha”, poniendo como ejemplo las actuaciones en Letur y Mira tras los daños provocados por la dana, donde ya se ha ejecutado el 98 % de los caminos rurales comprometidos y el 79 % en las comunidades de regantes, a falta de resolver una cuestión relacionada con un paso en una captación de agua.
La responsable ministerial ha querido poner en valor el trabajo técnico y administrativo detrás de estas inversiones, citando expresamente a la Secretaría de Estado, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, la Subdirección General de Regadíos y Seiasa, cuyo presidente, Paco Mulero, ha estado presente en el acto y ha sido reconocido por su trayectoria.
En el tramo final de su discurso, García ha destacado el papel de Fenacore como estructura de interlocución del regadío en España y ha reivindicado la imagen pública de esta actividad, señalando que detrás del regadío “hay alimentación, hay seguridad alimentaria y hay personas que fijan la población al territorio”.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha defendido el papel estratégico del agua para la región, subrayando que el 17 % del Producto Interior Bruto autonómico está vinculado al sector agroalimentario. Martínez Lizán ha insistido en que el agua es “generación de riqueza, de empleo y de vida en nuestros pueblos”, y ha reivindicado la necesidad de garantizar los derechos de uso en el territorio donde se genera.
El consejero ha advertido que los actuales procesos de planificación hidrológica “no recogen las necesidades reales” de Castilla-La Mancha y, en algunos casos, abocan a zonas de regadío a volver al secano, lo que ha vinculado con el riesgo de despoblación en el medio rural.
En este contexto, ha avanzado que el Gobierno autonómico presentará alegaciones en aquellas cuencas donde considere que se perjudican sus intereses y ha reclamado una moratoria en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, al entender que existen condicionantes socioeconómicos y geopolíticos que justifican esa revisión.
Martínez Lizán también ha puesto el foco en la situación del Alto Guadiana, defendiendo la necesidad de dar respuesta a problemas estructurales como la situación de los acuíferos o los 4.400 pozos de cultivos leñosos, y ha cuestionado la base de datos utilizada en la planificación hidrológica.
Finalmente, ha apelado a la unidad del sector para avanzar hacia un modelo de regadíos modernos y sostenibles, defendiendo que garantizar su continuidad es clave para asegurar el futuro del medio rural en Castilla-La Mancha.
