La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental I ha celebrado esta semana en Bolaños de Calatrava su II Jornada Técnico-Jurídica «El futuro de las aguas subterráneas en el Alto Guadiana», un encuentro centrado en la seguridad jurídica de los agricultores, la revisión de las concesiones de agua y las consecuencias de la futura planificación hidrológica para el regadío.
La jornada se desarrolló en las instalaciones de la cooperativa COOVIMAG, con la colaboración del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, y reunió a representantes institucionales, organizaciones agrarias, juristas y usuarios de aguas subterráneas. Durante las intervenciones se planteó la necesidad de compatibilizar la protección de los recursos hídricos con la continuidad de la actividad agrícola.
Ángel Bellón pide unidad para defender los derechos de los agricultores
La inauguración contó con la participación del presidente de CUAS Mancha Occidental I, Ángel Bellón; el alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde, y el presidente de COOVIMAG, José Luis Calzado.
Bellón destacó la función de las comunidades de usuarios en la defensa de los agricultores y regantes ante la complejidad de la normativa, los procedimientos administrativos y los cambios previstos en la planificación hidrológica.
Desde Mancha Occidental I se insistió en la conveniencia de mantener una posición coordinada entre las comunidades de usuarios y las organizaciones agrarias para defender los derechos de los titulares de aprovechamientos y reclamar soluciones que aporten estabilidad al sector.
Por su parte, Miguel Ángel Valverde subrayó la importancia del agua para la economía de la provincia de Ciudad Real. El alcalde defendió la búsqueda de un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y el mantenimiento de la agricultura, una actividad vinculada al empleo y a la población de los municipios rurales.
La revisión de las concesiones del PEAG centra el debate jurídico
Uno de los principales asuntos tratados fue la situación de las concesiones de cultivos leñosos vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).
El abogado Miguel García Carretero analizó los procedimientos administrativos relacionados con la revisión de estas concesiones y expuso argumentos jurídicos que cuestionan la presentación de solicitudes de novación.
Su intervención abordó las posibles consecuencias de estos procedimientos para los agricultores afectados y la necesidad de que las actuaciones administrativas respeten las garantías legales de los titulares de los aprovechamientos.
La seguridad jurídica de las concesiones fue una de las principales preocupaciones planteadas durante el encuentro, ante la repercusión que las decisiones administrativas pueden tener sobre las explotaciones agrícolas.
Un frente común para defender los intereses del Alto Guadiana
La segunda ponencia estuvo a cargo del abogado Sebastián Ruiz Constantino, que presentó, bajo el título «La tierra de todos», el proyecto «Frente Común en Defensa del Alto Guadiana».
La iniciativa, impulsada por la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT), busca establecer una colaboración más estrecha entre los sectores sociales, económicos e institucionales de la comarca.
Ruiz Constantino defendió la coordinación entre las distintas organizaciones del territorio para abordar los problemas relacionados con la gestión del agua y la actividad agraria. La propuesta plantea una actuación conjunta que permita trasladar las demandas de los usuarios a las administraciones desde una posición compartida.
La revisión del Plan Hidrológico del Guadiana y sus consecuencias para el regadío
La última intervención correspondió al abogado José Antonio Moreno Fernández, que examinó la revisión del Plan Hidrológico del Guadiana y sus implicaciones jurídicas para los usuarios de aguas subterráneas.
Moreno Fernández explicó los instrumentos de planificación vigentes y las perspectivas del cuarto ciclo de planificación hidrológica, con especial atención a las posibles consecuencias de las futuras decisiones sobre la agricultura y la economía de la comarca.
Desde CUAS Mancha Occidental I se defendió que la revisión del plan debe tener en cuenta los derechos de los usuarios, las características del territorio y la importancia económica y social del regadío, junto con la necesidad de gestionar los recursos hídricos de forma sostenible.
Representantes institucionales y organizaciones agrarias participan en la jornada
El encuentro contó con la asistencia del director general de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Juan Fernández, y del vicepresidente segundo de la Mesa de las Cortes regionales, Santiago Lucas-Torres.
También participaron representantes de ASAJA, COAG, SEPRIMAN y Cooperativas Agro-alimentarias, además de los presidentes de las comunidades de usuarios Mancha Occidental II, Campo de Calatrava, Campo de Montiel y Sierra de Altomira, junto a numerosos agricultores.
Desde Mancha Occidental I consideran que la participación registrada durante la jornada demuestra «la preocupación compartida por el futuro de las aguas subterráneas y la voluntad de continuar trabajando conjuntamente para afrontar los desafíos del Alto Guadiana».
La comunidad de usuarios también considera «imprescindible» mantener abiertos los cauces de diálogo entre las administraciones, las organizaciones agrarias y los regantes para buscar soluciones respaldadas por criterios técnicos y jurídicos.
CUAS Mancha Occidental I agrupa a más de 13.200 usuarios y gestiona un ámbito territorial de más de 2.000 kilómetros cuadrados que comprende 24 municipios de la provincia de Ciudad Real. La entidad, de derecho público, representa los intereses de los usuarios de la masa de agua subterránea Mancha Occidental I.
