La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha ha denunciado que algunas de las promociones de alquiler anunciadas como «asequibles» por el Gobierno regional tienen precios que resultan inaccesibles para buena parte de la población. La organización pone el foco en las viviendas de la calle Río Cabriel, en Toledo, y las de Capitán Cortés, en Talavera de la Reina, cuyos alquileres, según advierte, se alejan de las posibilidades económicas de muchos vecinos.
El colectivo considera que la Junta de Comunidades está impulsando viviendas protegidas con precios demasiado elevados, especialmente teniendo en cuenta que se trata de promociones desarrolladas con recursos públicos.
Hasta 821 euros mensuales por una vivienda en Toledo
Uno de los casos señalados por la Plataforma es el de las 86 viviendas de la calle Río Cabriel, en el barrio del Polígono de Toledo.
Según denuncia, la Junta anunció inicialmente estos pisos con alquileres de unos 646 euros mensuales y aseguró que no superarían los 700 euros. Sin embargo, las bases de la convocatoria, cerrada el pasado 30 de octubre, establecen rentas de entre 700 y 741 euros.
La organización explica que, al sumar los gastos de comunidad, el desembolso mensual asciende a entre 760 y 821 euros, sin contar otros gastos como los suministros.
Además, señala que los inquilinos están obligados a alquilar una plaza de garaje y un trastero vinculados a cada vivienda, lo que incrementa el precio entre 138 y 153 euros mensuales.
A ello se añade el dinero necesario para acceder al inmueble, ya que, según la Plataforma, se exige una mensualidad de fianza y otras dos como garantía adicional, lo que supone adelantar más de 2.100 euros.
El colectivo sostiene que estas condiciones contradicen los criterios de asequibilidad recogidos en el Real Decreto-ley 29/2026, que, según expone, establece que el coste de la vivienda, incluidos los gastos asociados, no debe superar el 30 % de la renta mediana del municipio.
Críticas también a las viviendas públicas de Talavera de la Reina
La Plataforma denuncia una situación similar en las 24 viviendas rehabilitadas de la calle Capitán Cortés, en Talavera de la Reina, cuya adjudicación está próxima.
Según recuerda, estos inmuebles públicos estaban inicialmente destinados a ofrecer una solución habitacional a familias vulnerables. Sin embargo, tras una rehabilitación de 3,9 millones de euros, su gestión corresponderá a una empresa privada mediante un derecho de superficie adjudicado por la Junta.
Aunque inicialmente se habló de alquileres cercanos a los 500 euros, la Asamblea de Vivienda de Talavera asegura que las rentas superan actualmente los 600 euros y pueden alcanzar los 730 euros con aparcamiento.
La Plataforma considera que estos precios resultan especialmente elevados para una ciudad donde, según los datos que aporta, 311 personas están inscritas como demandantes de vivienda protegida en alquiler.
También reclama que se publiquen las condiciones completas de los contratos, incluidos los posibles gastos adicionales y las garantías económicas exigidas a los futuros inquilinos.
La Plataforma advierte de que los alquileres superan la capacidad económica de muchas familias
Para justificar sus críticas, la organización recurre a los datos de renta del Instituto Nacional de Estadística.
Según expone, la renta mediana de Toledo es de 23.450 euros netos anuales por unidad de consumo, mientras que en el barrio del Polígono desciende a 19.950 euros.
Con estas cifras, el colectivo calcula que el alquiler de las viviendas de Río Cabriel podría absorber cerca de la mitad de los ingresos de una persona con la renta mediana del barrio.
En Talavera de la Reina, donde sitúa la renta mediana en 16.450 euros, sostiene que un alquiler de entre 600 y 730 euros supondría destinar entre el 44 % y el 53 % de los ingresos de una persona sola con esa renta.
«La Junta no puede llamar asequible a una vivienda que cuesta lo mismo que el mercado y que la mitad del barrio no puede pagar. Si se construye con suelo y dinero públicos, tiene que ser para quien la necesita», ha señalado Alicia Martínez, portavoz de la Plataforma y de la Unión Popular de Inquilinas de Toledo.
Exigen revisar los precios y las condiciones de adjudicación
Ante esta situación, la Plataforma por el Derecho a la Vivienda reclama a la Junta y a la empresa pública Gicaman una revisión de los contratos y pliegos de las promociones de alquiler protegido.
Entre sus principales exigencias se encuentran limitar el coste total del alquiler al 30 % de la renta mediana municipal, incluir el garaje y el trastero en ese precio y evitar que los inquilinos tengan que asumir determinados tributos, como el IBI.
También pide eliminar las garantías adicionales a la fianza, publicar el coste completo de cada vivienda antes de abrir las solicitudes y establecer criterios de adjudicación basados en las necesidades de los hogares.
En el caso de Talavera, solicita además que se revisen las rentas antes de firmar los contratos y que se hagan públicos los documentos que regulan la promoción.
A largo plazo, la organización defiende la creación de un parque público permanente de viviendas con alquileres adaptados a los ingresos familiares. Asimismo, insta a los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina a solicitar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.
«La vivienda asequible no se mide por cómo se llame, sino por lo que se paga cada mes», ha afirmado Tania Gómez, portavoz de la Plataforma y de la Asamblea de la Vivienda de Talavera.
