Fuentes del entorno de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, han asegurado que el alquiler de una vivienda de protección oficial de su propiedad se realizó conforme a la normativa vigente y que no era necesaria la autorización de la Junta de Castilla-La Mancha.
Según han explicado estas fuentes, el inmueble fue adquirido en 1998 y su calificación definitiva ya contemplaba la posibilidad de venderlo o alquilarlo.
Además, han señalado que Tolón solicitó un informe jurídico para comprobar las condiciones aplicables a la vivienda antes de destinarla al alquiler.
La vivienda se alquiló en 2012
De acuerdo con la información trasladada por su entorno, el informe jurídico establecía que la vivienda podía alquilarse desde el 27 de enero de 2008, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 173/2009, por el que se aprobó el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha.
Las mismas fuentes sostienen que la autorización de la Administración autonómica estaba limitada a los diez primeros años desde la compraventa.
Por este motivo, consideran que cuando la vivienda comenzó a alquilarse en 2012 ya había transcurrido el plazo durante el que era necesario solicitar ese permiso.
Aseguran que el precio estaba por debajo del máximo permitido
El entorno de la ministra también ha rechazado que se haya especulado con el inmueble.
Según estas fuentes, el importe del alquiler, reflejado en la declaración de la Renta de Tolón, se ha mantenido por debajo del máximo permitido y muy por debajo del precio de mercado.
Asimismo, han defendido que la ministra actuó de buena fe, con asesoramiento jurídico y sin ocultar información sobre la vivienda.
Disposición a colaborar con la Junta
Por último, las fuentes del entorno de Milagros Tolón han asegurado que la ministra está dispuesta a facilitar a la Junta de Castilla-La Mancha toda la información y documentación que resulte necesaria para aclarar la situación.
Insisten en que, según el asesoramiento jurídico recibido, se habrían respetado las disposiciones administrativas aplicables al inmueble.
