El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con nuevas medidas para reforzar la seguridad ferroviaria, después del accidente ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales.
Una de las principales novedades es que los maquinistas podrán decidir detener un tren o no iniciar su marcha cuando detecten una situación de riesgo grave e inminente para la seguridad, siempre que adopten medidas necesarias y proporcionadas y comuniquen su decisión sin demora a los responsables correspondientes.
La norma, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, también busca responder a las reivindicaciones de los sindicatos ferroviarios, con los que el Gobierno ha mantenido reuniones durante los últimos días.
Más protección para los trabajadores que alerten de riesgos
El nuevo decreto incorpora medidas para facilitar que los profesionales ferroviarios puedan comunicar posibles peligros sin temor a represalias injustificadas.
Para ello, se establecerán canales internos y sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad de quienes informen sobre situaciones que puedan comprometer la seguridad.
Además, la normativa contempla que no se impongan sanciones en determinados supuestos cuando el trabajador haya comunicado previamente la situación, haya cesado la conducta infractora y colabore plenamente con la investigación.
El objetivo es fomentar que los problemas se detecten y comuniquen antes de que puedan derivar en accidentes.
Cambios en los tiempos de conducción para evitar riesgos
Otra de las medidas afecta al cálculo del tiempo que los maquinistas pasan al frente de los trenes.
A partir de la nueva regulación, se tendrán en cuenta actividades que hasta ahora podían quedar fuera del cómputo, como determinadas maniobras y pausas durante las que el profesional continúa siendo responsable del vehículo.
También se contabilizarán íntegramente las interrupciones inferiores a 45 minutos entre dos periodos de conducción realizados por el mismo maquinista, incluso cuando durante ese tiempo no esté realizando ninguna actividad.
En determinados trabajos de pruebas o verificaciones ferroviarias, las interrupciones de mayor duración también se considerarán tiempo de conducción.
La medida pretende establecer criterios más precisos sobre la actividad de estos profesionales.
Más inspecciones y revisión de las condiciones de jubilación
El decreto también amplía las facultades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
Las empresas y entidades del sector estarán obligadas a facilitar a los inspectores el acceso a instalaciones, trenes y equipos necesarios para comprobar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, incluso cuando pertenezcan a otras entidades ferroviarias.
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado cambios en materia de protección social para que los profesionales que realizan las mismas funciones puedan acceder a un tratamiento equivalente respecto a los coeficientes reductores de la edad de jubilación.
Asimismo, se iniciará un procedimiento de revisión, con participación sindical, para estudiar la posible inclusión de otras categorías profesionales expuestas a trabajos especialmente peligrosos, penosos o insalubres.
