El Gobierno de Castilla-La Mancha prepara una modificación del impuesto de sucesiones y donaciones que permitirá ampliar el régimen fiscal especial hasta el cuarto grado de parentesco. La medida está dirigida a facilitar la transmisión de empresas familiares entre generaciones y aclarar las condiciones para beneficiarse de las reducciones fiscales.
Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la inauguración del XIII Foro de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha.
La iniciativa surge de un acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y esta asociación, que había trasladado sus dificultades para afrontar el relevo generacional de los negocios.
¿Qué cambiará en el impuesto de sucesiones y donaciones?
Actualmente, las transmisiones de empresas familiares que cumplen los requisitos establecidos pueden beneficiarse de una reducción fiscal del 99 %, formada por dos partes:
- 95 % de reducción estatal.
- 4 % de reducción autonómica.
Según ha explicado el consejero, la aplicación conjunta de ambas reducciones ha generado problemas de interpretación y conflictos con la inspección tributaria, lo que provocaba inseguridad jurídica para las empresas familiares.
Para resolver esta situación, Castilla-La Mancha regulará la reducción del 99 % mediante normativa autonómica, con el objetivo de establecer unas condiciones más claras.
Ruiz Molina ha precisado que esta modificación no supondrá que las empresas familiares paguen menos impuestos, sino que busca facilitar la aplicación de los beneficios fiscales ya previstos.
¿A qué familiares afectará la ampliación?
Una de las novedades anunciadas es la extensión del régimen fiscal especial hasta el cuarto grado de parentesco, lo que ampliará el ámbito familiar al que podrá aplicarse.
No obstante, el Gobierno regional todavía no ha detallado los requisitos concretos que deberán cumplirse para acceder a esta ventaja fiscal.
La medida se incorporará a una reforma de la Ley tributaria de Castilla-La Mancha, vigente desde 2013, que el Ejecutivo autonómico pretende actualizar para simplificar su aplicación.
