El trasvase Tajo-Segura vuelve a enfrentar a Castilla-La Mancha con las comunidades del Levante. El Gobierno regional ha anunciado que recurrirá cualquier envío de agua que se realice fuera de los plazos establecidos por la normativa, después de que una avería en el canal haya impedido trasladar parte de los recursos autorizados.
En concreto, quedan pendientes de trasvasar 97,94 hectómetros cúbicos de agua, cuyo envío se ha visto afectado por la rotura de la infraestructura.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha advertido de que las derivaciones que se pretendan ejecutar una vez transcurridos los tres meses permitidos por la ley serán recurridas por el Ejecutivo castellanomanchego.
El plazo para enviar el agua pendiente termina en diciembre
La consejera ha explicado que las actuales normas de explotación del Tajo-Segura permiten trasvasar 27 hectómetros cúbicos mensuales cuando los embalses se encuentran en Nivel 2.
Sin embargo, la avería del canal impide actualmente realizar esos envíos.
La legislación contempla que los volúmenes autorizados puedan trasladarse durante los tres meses posteriores a su aprobación. Por ello, el Gobierno regional considera que los envíos realizados después de ese plazo, que se cumpliría en diciembre, incumplirían la normativa vigente.
Según Gómez, los gobiernos de Murcia y la Comunidad Valenciana pretenden que el agua pendiente pueda derivarse incluso después de esa fecha.
Ante esta posibilidad, Castilla-La Mancha ha avanzado que acudirá a la vía judicial si finalmente se autorizan esos trasvases.
La Junta también cuestiona que puedan enviarse los 98 hectómetros pendientes
El conflicto no se limita a los plazos. El Ejecutivo autonómico también plantea dudas sobre la posibilidad de trasladar íntegramente el agua pendiente, incluso aunque las obras de reparación concluyan a tiempo.
La razón es que los 97,94 hectómetros cúbicos corresponden al anterior año hidrológico, mientras que el nuevo comenzó el pasado 1 de octubre.
Según ha explicado Mercedes Gómez, esta circunstancia podría tener consecuencias jurídicas sobre la cantidad de agua que finalmente pueda enviarse al Levante.
La consejera ha señalado que será necesario determinar si esos recursos pueden trasladarse en su totalidad, incluso dentro del periodo de tres meses previsto por la normativa.
Castilla-La Mancha vigilará las próximas decisiones sobre el trasvase
Las declaraciones de Gómez se producen coincidiendo con la reunión de este martes de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, encargada de abordar las derivaciones de agua.
La responsable regional ha insistido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá de cerca las decisiones que adopten tanto el Estado como la comisión respecto a los volúmenes pendientes.
Además, ha recordado que la comunidad autónoma continúa reclamando una modificación de las normas de explotación del trasvase.
