Castilla-La Mancha no dispone actualmente de ningún espacio funerario islámico, según un informe elaborado por la Asociación Entierro Digno. Esta situación sitúa a la comunidad autónoma entre las tres únicas regiones de España que carecen por completo de instalaciones específicas para realizar enterramientos conforme al rito musulmán.
Junto a Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria son las otras dos comunidades autónomas donde el estudio no ha identificado ningún recinto de estas características.
La ausencia de estos espacios supone una dificultad para las familias musulmanas que desean enterrar a sus allegados respetando sus tradiciones religiosas, ya que deben buscar alternativas fuera de su entorno habitual.
Solo 14 espacios funerarios con capacidad verificada en toda España
El problema no afecta únicamente a Castilla-La Mancha. Según el informe, España cuenta con 44 espacios funerarios islámicos catalogados, pero solo 14 tienen capacidad disponible verificada.
Además, la asociación denuncia una importante falta de información pública, puesto que en más del 70 % de los recintos existentes las administraciones no facilitan datos sobre el número de sepulturas libres.
El estudio recuerda que el marco legal español reconoce desde hace décadas el derecho a recibir una sepultura digna sin discriminación religiosa. Sin embargo, según la organización, menos de 50 de los 8.131 municipios españoles disponen de espacios adaptados a estas necesidades.
La situación también afecta a la Comunidad de Madrid, donde existen dos recintos catalogados, aunque ninguno dispone actualmente de plazas operativas: el de Griñón está completo y el de Carabanchel continúa pendiente de ejecución.
Desplazamientos de hasta 356 kilómetros para poder enterrar a un familiar
Una de las principales consecuencias de esta escasez es la necesidad de trasladar a los fallecidos a otros municipios donde sí existen espacios funerarios adecuados.
Según los datos recogidos por Entierro Digno, las familias deben recorrer una media de 79 kilómetros hasta el cementerio islámico más cercano.
En los municipios que no cuentan con instalaciones propias, esta distancia aumenta hasta los 96 kilómetros de media, aunque el estudio ha documentado desplazamientos de hasta 356 kilómetros.
A estos trayectos se añade el coste económico. La asociación estima que las familias musulmanas asumen en España 17,7 millones de euros anuales en gastos relacionados con los enterramientos.
El precio de una primera sepultura presenta grandes diferencias territoriales, desde unos 800 euros en Ceuta y Melilla hasta una media de 4.850 euros en Madrid.
La demanda de enterramientos podría aumentar a partir de 2030
El informe también advierte de que la necesidad de estos espacios crecerá durante los próximos años.
La organización señala que una parte importante de la primera generación de inmigrantes musulmanes asentados en España tiene actualmente entre 45 y 65 años, por lo que prevé un incremento de la demanda de enterramientos entre 2030 y 2035.
Además, recuerda que alrededor de un tercio de la población musulmana residente en España tiene nacionalidad española, por lo que considera que se trata de una necesidad estable de la sociedad y no de una demanda migratoria puntual.
En el conjunto del país, la entidad calcula que existe aproximadamente un espacio funerario islámico por cada 60.500 personas musulmanas, una proporción inferior a la de varios países europeos, como Francia, Alemania, Bélgica o Países Bajos.
Piden nuevas parcelas funerarias y cambios en la normativa
El estudio también aborda otras necesidades relacionadas con las prácticas funerarias islámicas, como el enterramiento de determinados restos biológicos procedentes de intervenciones médicas.
Según la asociación, tras analizar 41 hospitales de referencia en España, ninguno contaba con un protocolo específico verificado para atender estas solicitudes.
Ante esta situación, Entierro Digno reclama a las administraciones públicas medidas para garantizar el acceso a enterramientos acordes con las creencias religiosas.
Entre sus propuestas figuran adaptar las normativas autonómicas para facilitar el entierro en tierra por motivos religiosos, financiar nuevas parcelas funerarias en las zonas con mayores carencias y crear un registro público nacional que permita conocer la disponibilidad real de sepulturas.
