El fiscal de los crímenes de Manzanares mantiene sus peticiones de 46 años de cárcel para Caba y 19 para Rivera: «Lo que dijo y nada es lo mismo»

Carlos G. Santorum mantiene su petición de 46 años de prisión para Antonio Caba y 19 para Gaspar Rivera por los asesinatos de Jesús María González Borrajo y Juan Miguel Isla

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El juicio por los asesinatos de los empresarios Jesús María González Borrajo, desaparecido en 2019, y Juan Miguel Isla, en 2022, afronta su recta final en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Durante la sesión de este jueves, el fiscal Carlos G. Santorum ha mantenido sus acusaciones contra Antonio Caba y Gaspar Rivera y ha expresado su decepción con la declaración del principal acusado, que atribuyó ambos crímenes a dos desconocidos.

«Lo que dijo y nada es lo mismo», ha afirmado el representante del Ministerio Público, que ha cuestionado la versión ofrecida por Caba ante el jurado. El acusado sostuvo que dos personas desconocidas mataron a los empresarios y que tanto él como Rivera se limitaron a encubrir los hechos.

Santorum ha reiterado su petición de 46 años de prisión para Caba y 19 años para Rivera, al considerar a ambos responsables de dos asesinatos en concurso medial con un delito de robo, con Rivera como cómplice. Además, ha instado al jurado a no dejarse confundir por la «mala película de Caba» ni por las lágrimas de arrepentimiento de Rivera.

El arrepentimiento de Rivera, insuficiente para el fiscal

El fiscal también se ha referido a la actitud de Gaspar Rivera, quien durante el juicio pidió perdón a las familias de las víctimas y aseguró haber sido manipulado y amenazado por Caba.

«No está de más el arrepentimiento de Rivera, pero no es suficiente», ha señalado Santorum, que ha reconocido que la confesión de Rivera permitió localizar los restos de González Borrajo. Sin embargo, considera que esa colaboración llegó demasiado tarde.

El representante del Ministerio Público ha cuestionado que, después de participar presuntamente en la ocultación de los cadáveres, los acusados continuaran con su vida cotidiana. En este sentido, ha destacado la gravedad de los hechos y el sufrimiento prolongado de las familias, que durante años desconocieron qué había ocurrido con sus seres queridos.

El fiscal cree que se podrían haber evitado más muertes

Durante su alegato final, Santorum ha destacado la labor de la Guardia Civil y las investigaciones que permitieron avanzar en el esclarecimiento de los dos casos. Según ha defendido, la convicción de los investigadores de que los restos de Juan Miguel Isla se encontraban en un pozo de Valdepeñas y las gestiones para que Rivera confesara el paradero de González Borrajo resultaron determinantes.

El fiscal ha sostenido que el descubrimiento de los crímenes pudo evitar nuevas muertes, al considerar que Caba podría haber continuado actuando si no se hubiera descubierto lo sucedido. En su intervención, ha hecho referencia a las conclusiones de los investigadores de la UCO sobre los rasgos de personalidad del principal acusado.

Santorum ha pedido al jurado que examine las pruebas practicadas durante el juicio y aplique el sentido común para emitir un veredicto justo. También ha recordado el sufrimiento de los familiares de los empresarios asesinados, subrayando que, aunque una sentencia pueda reconocer el daño causado, «el dolor no se puede indemnizar».

Las acusaciones particulares reclaman condenas

Las acusaciones particulares también han presentado sus conclusiones ante el jurado. Juan Manuel Medina Andrés, abogado de Nardy Molina, pareja de Juan Miguel Isla, ha solicitado que Caba y Rivera sean condenados por el doble asesinato. Además, ha reclamado tres años de prisión por encubrimiento para J.C.S.-L.F., el amigo de Caba que puso a nombre de su empresa la finca en la que se ocultó el cuerpo de Isla.

El letrado ha defendido que los crímenes estuvieron relacionados con el dinero y las propiedades de las víctimas. A su juicio, ambos empresarios fueron asesinados para apropiarse de sus bienes, y ha sostenido que Rivera tuvo una participación activa en los hechos, sin que haya quedado acreditado que actuara bajo amenazas.

Por su parte, las acusaciones particulares que representan a los hijos de Isla y a la familia de González Borrajo han insistido en la responsabilidad que atribuyen a Caba y en las circunstancias de las desapariciones y la ocultación de los cuerpos.

El abogado de la familia Borrajo ha destacado, además, que Caba habría proporcionado pistas falsas a la Guardia Civil durante la investigación de la desaparición de Jesús González Borrajo, lo que, según ha defendido, dificultó el esclarecimiento del caso hasta que la confesión de Rivera permitió reabrir nuevas vías de investigación.

Las defensas cuestionan las acusaciones por encubrimiento

La sesión también ha abordado la situación de los dos acusados de encubrimiento. En el caso de J.C.S.-L.F., su defensa ha sostenido que no existen pruebas de que conociera el asesinato de Juan Miguel Isla. El abogado ha destacado que su representado aportó información sobre los 13.700 euros que, según su versión, Caba le entregó al día siguiente de la desaparición.

En cuanto a A.F.M., acusado de encubrimiento por la familia González Borrajo, su defensa ha reconocido que su comportamiento fue moralmente reprochable, pero ha negado que eso demuestre que conociera el asesinato.

A.F.M. compró el Mercedes todoterreno de González Borrajo con la mediación de Caba. El día de la desaparición, este último había quedado con el empresario para entregarle los 14.000 euros de la operación. Sin embargo, según la tesis de las acusaciones, Caba habría matado a González Borrajo y entregado posteriormente el vehículo a su amigo.

La defensa ha presentado a su representado como otra de las personas que habrían sido manipuladas por Caba y ha insistido en que no existen pruebas suficientes para atribuirle un delito de encubrimiento.

El jurado conocerá el objeto del veredicto el lunes

El juicio continúa este jueves con los alegatos finales de las defensas de los principales acusados, a cargo de los abogados Valentín Serrano y Rodrigo García.

Una vez concluidas las intervenciones, el jurado deberá examinar las pruebas y las distintas tesis expuestas por las partes. Está previsto que el objeto del veredicto se entregue a sus miembros el próximo lunes 19 de octubre, paso previo a la deliberación y a la emisión de su decisión sobre los hechos enjuiciados.

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