El Gobierno prepara 700 nuevas plazas de jueces y fiscales para 2027

El Consejo de Ministros tramitará por vía urgente la creación de 500 plazas judiciales y 200 de fiscales

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El Gobierno dará este martes un nuevo paso para reforzar la Administración de Justicia con la creación de 700 plazas de jueces y fiscales de cara a 2027. El Consejo de Ministros aprobará la tramitación urgente de dos reales decretos que contemplan 500 nuevas plazas judiciales y otras 200 para la carrera fiscal.

La medida busca aumentar los recursos disponibles en los tribunales y mejorar su capacidad para atender los procedimientos judiciales, aunque sus efectos sobre los tiempos de espera dependerán de cuándo se cubran las plazas y de su distribución territorial.

Según fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la ampliación supondrá un incremento del 7,8 % de la planta judicial y del 6,6 % de la plantilla del Ministerio Fiscal.

Más jueces para asuntos laborales, civiles y penales

Buena parte de las nuevas plazas se destinará a jurisdicciones que tramitan procedimientos habituales para los ciudadanos.

De las 500 plazas previstas, 172 corresponderán a la jurisdicción civil, que aborda asuntos como reclamaciones de deudas, herencias o conflictos entre particulares.

Otras 109 plazas reforzarán la jurisdicción social, encargada de resolver conflictos laborales, despidos y determinadas reclamaciones relacionadas con prestaciones.

Además, se crearán 69 plazas en la jurisdicción penal, junto con 87 para órganos mixtos y 42 de adscripción territorial.

La ampliación incluye también 11 plazas para órganos especializados en Violencia sobre la Mujer y seis para Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. A ellas se sumarán ocho nuevas presidencias de tribunales de instancia y cuatro plazas en la Audiencia Nacional.

¿Cuántas plazas llegarán a Castilla-La Mancha?

Por ahora, el Ministerio no ha detallado cuántas de las nuevas plazas se asignarán a Castilla-La Mancha, ni si se destinarán a juzgados de Ciudad Real, Toledo, Albacete, Cuenca o Guadalajara.

Sí se conoce parte del reparto previsto para otras comunidades autónomas. Andalucía y Cataluña recibirán 94 plazas judiciales cada una; Madrid contará con 74 y la Comunidad Valenciana, con 53.

En cuanto a las plazas de fiscales, Cataluña recibirá 47, Andalucía 31 y Madrid 26. Canarias registrará, según Justicia, el mayor incremento porcentual de fiscales, con un 8,9 %.

Para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, una de las cuestiones pendientes será conocer si el refuerzo llegará a los órganos judiciales de la región y en qué especialidades.

Los jueces ven una oportunidad para reducir los retrasos

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha valorado positivamente el anuncio.

Su portavoz, Edmundo Rodríguez, considera que supone «un avance histórico para adecuar la planta judicial a las necesidades de la administración de justicia».

Rodríguez ha destacado que la ampliación de plazas judiciales «en más de mil plazas en dos años es un esfuerzo destacable para afrontar la litigiosidad, reducir tiempos de respuesta y garantizar una carga de trabajo razonable en la judicatura».

La asociación ha puesto especial atención en el refuerzo de la jurisdicción social, que, según su portavoz, «está atravesando unas cargas de trabajo y dilaciones por encima de lo admisible».

También considera importante la creación de plazas en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, especialmente tras la ampliación de sus competencias en delitos contra la libertad sexual.

Las nuevas plazas todavía deben aprobarse

La tramitación urgente anunciada por el Gobierno no significa que los 700 puestos estén ya creados ni cubiertos. Los dos reales decretos deberán completar su procedimiento de aprobación.

Esta ampliación se suma a otras 700 plazas anunciadas el pasado julio por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuya puesta en funcionamiento está prevista antes del 31 de diciembre de 2026.

Desde Juezas y Jueces para la Democracia han pedido que el anuncio se traduzca cuanto antes en una norma efectiva. Rodríguez ha señalado que «es fundamental que este anuncio se concrete rápidamente en un real decreto que suponga un nuevo impulso a la mejora del servicio público judicial».

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