La futura ley de vivienda de Castilla-La Mancha afronta una nueva fase de su tramitación parlamentaria con 121 enmiendas que podrían modificar las condiciones de acceso a la vivienda pública y las posibilidades de construir más viviendas protegidas en la región.
La Comisión de Fomento de las Cortes regionales tiene previsto debatir estas propuestas el próximo miércoles 14 de octubre, aunque la fecha está pendiente de confirmación definitiva.
Los tres grupos parlamentarios han presentado modificaciones al proyecto de ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, vivienda y simplificación urbanística de Castilla-La Mancha. En concreto, el PSOE ha registrado 13 enmiendas, el PP 58 y Vox 50.
Entre las cuestiones que se debatirán hay medidas que afectan directamente a quienes buscan una vivienda protegida, a los criterios de adjudicación de las viviendas públicas y a la posibilidad de aumentar su construcción en los municipios de la comunidad.
El PP propone nuevas reglas para adjudicar viviendas públicas
Una de las propuestas del Partido Popular busca regular cómo se adjudican temporalmente las viviendas del parque público.
Según su enmienda, estas adjudicaciones deberían realizarse mediante convocatorias públicas entre las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, utilizando criterios objetivos conocidos previamente.
Para determinar quién puede acceder a una vivienda, el PP plantea valorar, al menos, los ingresos familiares, el número de personas que forman la unidad de convivencia, la necesidad acreditada de vivienda y la adecuación del inmueble a sus circunstancias.
La propuesta contempla excepciones para situaciones de urgencia social, siempre que estén justificadas mediante un informe motivado de los servicios sociales competentes.
Por el momento, se trata de una modificación planteada por el PP y no de un procedimiento nuevo que ya esté en vigor.
Construir más viviendas protegidas en las parcelas disponibles
Otra de las enmiendas del PP propone permitir que determinados terrenos destinados a vivienda protegida puedan albergar más construcción y más viviendas de las inicialmente previstas.
En parcelas de suelo urbano o urbanizable aptas para vivienda protegida, los populares plantean autorizar un aumento de hasta el 20 % de la edificabilidad y del 30 % de la densidad residencial, siempre que ese incremento se destine íntegramente a viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.
Los porcentajes podrían elevarse hasta el 25 % y el 35 %, respectivamente, si existe un informe municipal previo, favorable, motivado y vinculante.
Ese informe tendría que valorar cuestiones como la capacidad de las redes de suministro, los servicios públicos, las dotaciones municipales y las posibles afecciones ambientales o patrimoniales.
La propuesta pretende facilitar la construcción de más viviendas protegidas en terrenos ya previstos para uso residencial, aunque su aplicación dependería de las condiciones urbanísticas de cada municipio.
El PSOE plantea que los promotores paguen las nuevas infraestructuras
El Grupo Socialista también ha presentado una enmienda relacionada con el aumento de la edificabilidad y la densidad de las parcelas destinadas a vivienda protegida.
Su propuesta establece que, cuando ese incremento haga necesario ampliar infraestructuras o dotaciones públicas situadas fuera de la parcela, los costes y la ejecución de esas actuaciones deberán correr a cargo del promotor.
Esto afectaría a los proyectos en los que construir más viviendas exigiera realizar obras adicionales para atender las necesidades generadas por la nueva edificación.
El PSOE plantea además que determinadas entidades de derecho privado pertenecientes al sector público regional puedan prestar asistencia técnica en materia de urbanismo y planificación territorial, tanto a administraciones como a particulares y empresas.
Las condiciones de esos servicios, su coste y las garantías para evitar conflictos de intereses se desarrollarían posteriormente mediante reglamento.
Vox quiere exigir cinco o diez años de empadronamiento
Una de las propuestas más relevantes para los solicitantes de vivienda pública es la presentada por Vox sobre los requisitos de acceso.
La formación propone que el Registro de Demandantes de Vivienda tenga en cuenta el denominado «arraigo real y prolongado con Castilla-La Mancha y con España».
Para ello, plantea exigir un mínimo de cinco años de empadronamiento histórico en España para acceder a viviendas en alquiler y diez años para viviendas en compra, dentro de los criterios de baremación.
Es importante señalar que esta exigencia figura únicamente como propuesta parlamentaria: no constituye un requisito actualmente aprobado por esta reforma.
Vox también propone la aprobación periódica de planes de inspección y control del parque público de vivienda social, así como medidas para garantizar información, asistencia y asesoramiento jurídico a propietarios afectados por situaciones de ocupación ilegal.
Las 121 enmiendas podrán debatirse en las Cortes
La tramitación de las propuestas ha superado un paso previo que afectaba a parte de las enmiendas del Partido Popular.
La Mesa de las Cortes remitió 26 de ellas al Consejo de Gobierno para comprobar si podían tener consecuencias presupuestarias.
El Ejecutivo regional ha comunicado que no se opone a su tramitación, por lo que la Mesa ha acordado admitirlas y permitir su debate en comisión.
Con esta decisión, las 121 enmiendas de PSOE, PP y Vox podrán ser examinadas durante la tramitación de la ley.
Para los vecinos de Castilla-La Mancha, el resultado de ese debate será relevante porque determinará qué cambios terminan incorporándose a la normativa sobre vivienda y urbanismo.
