La disolución del Congreso con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre tendrá también consecuencias económicas para los diputados que dejan sus escaños. Un total de 213 parlamentarios perderán su condición de diputados a partir de las 00:00 horas de este martes y podrán solicitar una indemnización de transición, siempre que no perciban otros ingresos.
A falta de que la Mesa del Congreso adopte un acuerdo expreso, la previsión es que se aplique el mismo criterio que en anteriores legislaturas: un pago único equivalente a los 52 días que transcurren entre la disolución de la Cámara y la jornada de reflexión del 28 de noviembre.
La cantidad dependerá de la retribución de cada parlamentario. Como referencia, podría oscilar entre unos 7.300 euros para los diputados elegidos por Madrid y cerca de 9.600 euros para los procedentes de otras circunscripciones, a lo que habría que añadir, cuando corresponda, la parte proporcional de los complementos asociados a determinados cargos.
Esta indemnización no se concede automáticamente. Los diputados tendrán que solicitarla expresamente, no podrán tener otros ingresos y deberán tributar por ella a Hacienda.
Para calcularla se tiene en cuenta la asignación constitucional de los diputados, actualmente situada en 3.366,99 euros, y la indemnización destinada a cubrir los gastos derivados de su actividad parlamentaria. Esta última asciende a 1.032,38 euros para los elegidos por Madrid y a 2.162,85 euros para los representantes de las demás circunscripciones.
No todos los miembros del Congreso dejarán sus funciones este martes. Tras la disolución permanecerán 137 diputados, entre titulares y suplentes de la Diputación Permanente, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Mantendrán esta condición hasta que se constituya la nueva Cámara.
Otra prestación para quienes no vuelvan al Congreso
Después de las elecciones existe además una segunda indemnización diferente para aquellos diputados que no consigan o no vuelvan a ocupar un escaño y carezcan de otro sueldo público.
Para acceder a esta prestación por cese deberán haber permanecido en el Parlamento durante al menos dos años. Su cuantía equivale a una mensualidad de la asignación constitucional, 3.366,99 euros, por cada año de mandato, con un máximo de 24 mensualidades.
A diferencia de la indemnización de transición, este segundo pago no se recibe de una sola vez. Se abona mensualmente, lo que permite suspenderlo si cambia la situación laboral o económica del antiguo parlamentario.
