El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes el segundo decreto ley de vivienda, que contemplaba la prórroga automática de determinados contratos de alquiler y obligaba al propietario a indemnizar al inquilino con al menos 12 mensualidades en determinados casos si decidía no continuar con el arrendamiento.
La norma ha quedado derogada después de recibir 166 votos a favor y 184 en contra. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís han respaldado el decreto, mientras PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN han votado en contra.
El rechazo supone que dejan de aplicarse unas medidas que habían entrado en vigor a las 00.00 horas de este viernes y que, por tanto, han permanecido vigentes durante apenas unas horas.
Una de las principales novedades afectaba a la duración de los contratos de alquiler. Una vez transcurridos un mínimo de cinco años, o siete cuando el arrendador fuera una persona jurídica, el contrato debía prorrogarse obligatoriamente por otros cinco o siete años, respectivamente.
Si el propietario decidía no continuar con el alquiler, el decreto establecía una indemnización mínima equivalente a 12 mensualidades de la renta de una vivienda de características similares.
Esta compensación contemplaba excepciones. Entre ellas figuraban los casos en los que el propietario necesitara la vivienda para él mismo o para familiares de hasta segundo grado, cuando el inquilino no hubiera residido en ella durante más de seis meses en el último año o cuando dispusiera de otra vivienda adecuada en el mismo municipio.
Tampoco se exigía la indemnización cuando propietario e inquilino alcanzaran un acuerdo para firmar un nuevo contrato o si el arrendatario rechazaba una oferta formal que cumpliera las condiciones fijadas por la norma.
El decreto incluía además prórrogas extraordinarias para personas en situación de vulnerabilidad social y económica, que podían alcanzar un año, y para viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionado, donde podían llegar a tres años.
Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha criticado duramente a las formaciones contrarias al decreto y ha acusado a PP, Vox y Junts de «traicionar al pueblo» para favorecer al «rentismo». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha intervenido antes de la votación para advertir a los grupos que rechazaran las medidas de que «la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan».
La votación se ha realizado públicamente y por llamamiento a petición de PSOE y Sumar. Tras conocerse el resultado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha declarado oficialmente derogado el decreto ley.
