La Audiencia Provincial de Ciudad Real comenzará el próximo 5 de octubre el juicio por los asesinatos de los empresarios Juan Miguel Isla y Jesús María González Borrajo, dos casos ocurridos con tres años de diferencia y que terminaron confluyendo en una misma investigación de la Guardia Civil.
El principal acusado, Antonio Caba, corredor de fincas de Manzanares, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 46 años de prisión, 23 por cada uno de los dos delitos de asesinato que le atribuye. El juicio se celebrará ante un Tribunal del Jurado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real y tiene señaladas sesiones entre los días 5 y 15 de octubre de 2026, a partir de las 10.00 horas.
La Fiscalía sostiene que Caba es responsable de ambos crímenes y aprecia alevosía en los dos casos. Las conclusiones son provisionales y deberán ser sometidas a prueba durante la vista oral.
La investigación que terminó reuniendo ambos asesinatos comenzó tras la desaparición de Juan Miguel Isla, el 22 de julio de 2022. El empresario se encontraba en Manzanares después de desplazarse desde Alicante y había quedado aquella mañana para cobrar 50.000 euros en efectivo correspondientes a la venta de una finca. Antonio Caba había actuado como intermediario en la operación.
La pareja de Isla, que se encontraba en Italia, comenzó a preocuparse al no conseguir contactar con él y viajó a España para denunciar su desaparición.
Las primeras pesquisas permitieron reconstruir sus movimientos. Las cámaras situaron a Isla en Manzanares y posteriormente en el BMW de Caba camino de La Solana, donde debía recibir el dinero. Caba sostuvo inicialmente que, tras completar la operación, ambos habían regresado a Manzanares y se habían separado.
Sin embargo, las imágenes obtenidas durante la investigación mostraron posteriormente que el Renault Clio de Isla abandonó Manzanares horas después y que no era él quien lo conducía, sino Gaspar Rivera, amigo de Caba.
La investigación, desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real con participación de la Unidad Central Operativa (UCO), terminó centrando su atención en ambos.
Uno de los puntos clave fue una finca de Valdepeñas adquirida poco antes de la desaparición y en la que existía un pozo. La Guardia Civil consiguió autorización judicial para registrarla y en su interior fue localizado, meses después, el cadáver de Juan Miguel Isla.
Las pesquisas incluyeron seguimientos, revisión de cámaras, análisis de comunicaciones y movimientos de vehículos. En una de las conversaciones interceptadas durante la investigación, tras aparecer el coche de Isla gracias a la colaboración ciudadana, los investigados llegaron a comentar: “Algo están tramando”.
La desaparición de Isla presentaba además una circunstancia que llamó la atención de los investigadores: otro empresario relacionado con Antonio Caba había desaparecido en Manzanares en 2019 después de una operación económica.
Se trataba de Jesús María González Borrajo, empresario de Vitoria con quien Caba había mantenido relaciones comerciales vinculadas, entre otras operaciones, a vehículos de alta gama.
Tras la detención, Gaspar Rivera colaboró con los investigadores y señaló distintos lugares relacionados con la desaparición de González Borrajo: una nave, una casa de campo y un pozo de sondeo.
Según la reconstrucción incorporada a la causa, González Borrajo habría sido asesinado en una nave y su cadáver habría sido posteriormente desmembrado. Parte de los restos habrían sido quemados y otros arrojados a un pozo.
La Guardia Civil consiguió finalmente localizar restos humanos en uno de estos pozos, una operación complicada por sus reducidas dimensiones y profundidad.
La Fiscalía conecta ahora ambos episodios en una misma causa y sitúa el dinero como elemento central de los hechos que atribuye al principal acusado. En el caso de Isla, la acusación reconstruye la operación de compraventa de la finca y el cobro de los 50.000 euros efectuado la mañana de su desaparición. En el de González Borrajo, sitúa igualmente el crimen en el contexto de las operaciones comerciales existentes entre ambos.
A lo largo del juicio está prevista la declaración de los acusados, además de numerosos testigos, agentes de la Guardia Civil, médicos forenses y peritos que participaron en una investigación que terminó conectando dos desapariciones ocurridas con tres años de diferencia.
Será el Tribunal del Jurado el encargado de valorar las pruebas practicadas en sala y determinar los hechos. Antonio Caba llega al juicio acusado por la Fiscalía de dos delitos de asesinato y mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
