El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha planteado abrir el debate sobre la posibilidad de que quienes viven en las ciudades contribuyan económicamente al mantenimiento de los beneficios y servicios que reciben del medio rural, lo que ha denominado «externalidades ambientales».
Martínez Guijarro ha lanzado esta propuesta durante el II Foro de Desarrollo Rural organizado por Recamder en Sigüenza, donde ha defendido que «habría que cuantificar los beneficios» que los pueblos y su entorno proporcionan al mundo urbano.
«La gente que vive en la ciudad quiere que, al llegar a municipios rurales, al abrir el grifo haya agua. Y eso no lo pueden pagar solo los habitantes de un pequeño municipio», ha argumentado. También ha puesto como ejemplos el disfrute de los montes o la recogida de setas.
«Quieren dar paseos por sus montes, recoger setas en la época de setas… unas externalidades ambientales que genera el medio rural que tiene que pagarlas el que vive en el medio urbano», ha señalado. El vicepresidente primero ha defendido que esta cuestión se ponga «encima de la mesa para debatirlo desde lo económico, porque es fundamental».
La propuesta ha surgido durante una mesa redonda dedicada a analizar la aplicación de la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha y el camino recorrido desde el denominado Manifiesto de Sigüenza. En ella han participado representantes del ámbito empresarial, agrario, de los grupos de desarrollo rural y de otras entidades vinculadas al territorio.
Desde la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), su secretario general, Mario Fernández, ha incidido en la vertiente económica de la lucha contra la despoblación. «Se tomó este reto no solo como algo social, sino también como algo económico, porque donde hay empresas hay oportunidades», ha afirmado. Entre las prioridades ha señalado la atracción de inversiones y la necesidad de contar con una estrategia «clara, concreta, precisa, medible».
El secretario general de UPA, Julián Morcillo, ha valorado la normativa castellanomanchega como «un documento histórico» y ha defendido complementarla con medidas de ámbito nacional. Al mismo tiempo, ha advertido de algunos de los retos que afronta el campo, entre ellos el cambio climático y el futuro de las ayudas europeas.
También ha reclamado una respuesta estatal el presidente del Grupo de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo, Jesús Alba. Tras reivindicar la cercanía de estas entidades con los municipios y su papel de acompañamiento a proyectos empresariales, ha defendido extender este tipo de políticas: «La ley es un referente, y ahora es el Estado quien tiene que hacerse cargo. Esta ley tiene que ser estatal».
Por su parte, el director de El Hueco Labs, Joaquín Alcalde, ha calificado la norma como «una gran ley» y ha señalado que está siendo estudiada por expertos de otros territorios. El presidente de Nueva Alcarria, Miguel Bernal, ha puesto el foco en el papel de los medios de comunicación para trasladar la realidad de los pueblos y ha definido esa cobertura de proximidad como una labor «casi de servicio público».
