La sobreexplotación de los acuíferos vuelve a situar a Castilla-La Mancha en el centro del debate sobre el uso del agua. Un informe elaborado por WWF durante un año y medio señala al Alto Guadiana, en La Mancha, como la zona más preocupante de las seis analizadas en España por la utilización de aguas subterráneas con «claros indicios de ilegalidad».
Según las estimaciones de la organización ecologista, más de 39.000 hectáreas de cultivos del Alto Guadiana estarían siendo regadas con agua obtenida en estas circunstancias, una superficie que lleva a WWF a considerar esta zona como el «epicentro» del robo de agua en España.
El informe calcula que el volumen extraído con indicios de ilegalidad en esta zona alcanzaría aproximadamente 69 hectómetros cúbicos durante el periodo analizado. WWF sostiene además que se estaría extrayendo un 86 % más de agua de la permitida por el Plan Hidrológico del Guadiana.
Castilla-La Mancha aparece también en otro de los territorios estudiados. En la demarcación hidrográfica del Segura, que comprende zonas de Albacete junto a territorios de Alicante y Almería, WWF estima que alrededor de 15.230 hectáreas habrían sido regadas con agua extraída con «claros indicios de ilegalidad». El informe facilitado no desglosa qué parte de esa superficie corresponde específicamente a la provincia albaceteña.
Los datos forman parte de una investigación sobre seis zonas españolas: Alto Guadiana, Almonte-Marismas, Los Arenales, Baza, Campo de Cartagena y el sureste peninsular. En conjunto, WWF calcula que más de 80.000 hectáreas de cultivo se habrían regado con recursos hídricos cuya extracción presenta indicios de ilegalidad.
La organización advierte de que las situaciones estudiadas no serían casos aislados y relaciona el problema con la expansión de modelos agrícolas de regadío intensivo en territorios donde tradicionalmente predominaban cultivos de secano.
«Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado de uno de los delitos ambientales más extendidos e impunes en España», sostiene Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF.
Ante esta situación, WWF reclama a las administraciones un mayor control de las extracciones, una planificación agrícola ajustada a los recursos hídricos disponibles y que quienes utilicen agua ilegalmente no puedan acceder a fondos públicos.
