España se prepara para ocupar una posición destacada en el desarrollo de los centros de datos en el sur de Europa. El crecimiento de estas instalaciones, impulsado entre otros factores por el avance de la inteligencia artificial y los servicios en la nube, abre al mismo tiempo una cuestión cada vez más presente: cómo afrontar su demanda de agua en un escenario de creciente estrés hídrico.
El país ultima un Real Decreto que introducirá requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental para los centros de datos, un proceso que ha recibido críticas de la patronal, administraciones autonómicas, asociaciones y organizaciones ecologistas.
A ello se suma la propuesta presentada el pasado mes de junio por la Comisión Europea para triplicar la capacidad de los centros de datos comunitarios en un plazo de entre cinco y siete años. La Ley de Desarrollo de la Nube y la IA plantea además «acelerar la concesión de permisos» y «mejorar el acceso a recursos clave» como la energía, el suelo o el agua.
La Agencia Europea del Medioambiente advierte precisamente de la huella hídrica asociada a estas infraestructuras. Buena parte procede de la generación de la electricidad necesaria para mantenerlas en funcionamiento, aunque también intervienen la refrigeración de las instalaciones y la fabricación de semiconductores.
El sector busca reducir el consumo
La asociación española de centros de datos Spain DC sostiene que el aumento de la capacidad digital no tiene por qué traducirse en un incremento proporcional del consumo de agua.
«Más que de sacrificios, hablamos de buscar el equilibrio óptimo entre consumo de agua y eficiencia energética», señala la asociación en declaraciones a EFE.
El sector considera que uno de los principales márgenes de mejora está en los sistemas de refrigeración y plantea alternativas como la refrigeración seca, los circuitos cerrados, el ‘free cooling’ o el empleo de agua regenerada.
Algunas de estas soluciones también tienen sus límites. Spain DC reconoce que la refrigeración seca puede necesitar más electricidad durante episodios de calor extremo, por lo que apuesta por sistemas híbridos que permitan encontrar un equilibrio entre el consumo energético y el de agua.
La asociación defiende que la disponibilidad hídrica debe tenerse en cuenta a la hora de decidir dónde instalar un centro de datos, aunque rechaza que se convierta en un «veto territorial».
«La localización depende también de la disponibilidad de energía, la capacidad de la red eléctrica, la conectividad, el clima o las necesidades de los clientes», sostiene.
Greenpeace alerta del efecto del crecimiento
Greenpeace mantiene una posición mucho más crítica. La organización considera «totalmente incompatibles» los planes de expansión de los centros de datos con la situación hídrica que atraviesa Europa, especialmente en los países del sur.
«Triplicar la capacidad de los centros de datos en un contexto de emergencia hídrica y climática como el que vive Europa es un despropósito ambiental y una irresponsabilidad social», afirman a EFE el experto en aguas de Greenpeace Julio Barea y la responsable de Energía y Clima, María Prado.
La organización reclama que los nuevos proyectos incorporen una evaluación de su impacto sobre el balance hídrico para dar prioridad «al consumo y los caudales ecológicos» frente a otros usos.
Greenpeace advierte además de que hacer más eficientes estas instalaciones no implica necesariamente reducir la presión total sobre el agua si continúa aumentando el número de centros de datos y la demanda de capacidad informática.
«No es un riesgo, es una realidad documentada por la ONU mediante la paradoja de Jevons, o efecto rebote», señala la organización, que teme que los ahorros logrados gracias a nuevas tecnologías terminen siendo absorbidos por el propio crecimiento del sector.
