El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido unas 700 alegaciones al proyecto de decreto que regulará la instalación de plantas de biometano en la región y se encuentra actualmente analizando cada una de ellas antes de continuar con la tramitación de la norma.
Así lo ha señalado este jueves en Toledo la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha explicado que algunas de las alegaciones presentadas cuentan con el respaldo de numerosos ciudadanos. Según ha indicado, hay documentos suscritos por colectivos de «500 o mil personas».
«Nosotros estamos estudiando ahora todas y cada una de estas alegaciones, porque para nosotros resulta muy importante que todas aquellas que se hayan presentado y que mejoren el texto de borrador de decreto se incorporen, para que próximamente podamos estar dándole continuidad», ha afirmado Gómez.
El objetivo de la futura regulación, según la consejera, es establecer unas reglas conocidas tanto por las empresas promotoras de estas instalaciones como por los ciudadanos y los ayuntamientos.
La norma pretende abordar la gestión y valorización de los residuos y de la materia orgánica generada en las explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla-La Mancha, en un contexto marcado por los proyectos de plantas de biometano planteados en diferentes municipios de la región.
Sin novedades sobre las nuevas reglas del trasvase
Durante su comparecencia, Gómez también ha sido preguntada por las nuevas reglas de explotación del trasvase y los contactos con el Ministerio para la Transición Ecológica.
La consejera ha asegurado que, por el momento, el Gobierno regional no dispone de «ninguna noticia ni ninguna información al respecto».
«Nuestra demanda sigue su curso a nivel judicial y esperemos más pronto que tarde que esto se resuelva», ha concluido.
