El Ministerio de Hacienda ha sacado adelante este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica, pese al rechazo de Castilla-La Mancha y de la mayoría de comunidades autónomas. Cataluña y Canarias han respaldado el planteamiento.
La propuesta contempla una aportación del Estado de casi 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades, destinados a financiar servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y las políticas de vivienda.
Castilla-La Mancha había confirmado antes de la reunión su voto contrario. El Gobierno regional considera que el planteamiento beneficia especialmente a Cataluña y ha criticado que su diseño haya estado condicionado por la negociación previa con ERC.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido tras el CPFF que hacía 17 años que este órgano no debatía un modelo de financiación autonómica y que el sistema actualmente vigente lleva 12 años caducado.
España ha asegurado que la propuesta del Ejecutivo es «el único modelo que hay sobre la mesa» y ha reprochado al Partido Popular que no haya presentado una alternativa. También ha defendido el proceso de diálogo seguido por el Gobierno y ha recordado que la reunión inicialmente prevista para finales de julio se aplazó a petición de las propias comunidades.
Según Hacienda, el nuevo sistema será común para todas las comunidades y ciudades autónomas de régimen común y no constituye un modelo «especial» ni «a la carta». El Ministerio señala además que la adhesión será voluntaria.
Entre sus principales elementos se encuentran una mayor autonomía tributaria, mecanismos de nivelación entre territorios y la aportación adicional de casi 21.000 millones por parte del Estado. La propuesta incorpora también el mantenimiento del statu quo para que ninguna comunidad pierda recursos respecto al sistema actual.
Hacienda sostiene que estos cambios permitirán reducir las diferencias de financiación entre territorios y conseguir un modelo «más equitativo, más igualitario, más solidario y más transparente».
El acuerdo del CPFF no supone todavía la entrada en vigor del nuevo sistema. La propuesta deberá pasar ahora por el Consejo de Ministros y posteriormente llegar al Congreso de los Diputados como proyecto de ley, donde los grupos parlamentarios tendrán que decidir sobre su aprobación definitiva.
