El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las Entidades Colaboradoras con la Administración de Castilla-La Mancha ha entrado en vigor este jueves, 20 de agosto, después de haber sido aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de julio.
A partir de ahora, las entidades interesadas podrán solicitar su acreditación para colaborar con la Administración regional en la gestión de determinados procedimientos administrativos, especialmente aquellos que presentan una mayor complejidad técnica o una elevada carga de trabajo.
El Gobierno regional plantea este sistema como una herramienta para agilizar la tramitación, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración.
La norma contempla además un periodo de adaptación para permitir una implantación progresiva del nuevo modelo y garantizar su aplicación con seguridad jurídica y organizativa.
Según el Ejecutivo autonómico, las Entidades Colaboradoras suponen “un paso más en el proceso de modernización de los servicios públicos y en la implantación de un modelo administrativo más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía”.
Funciones técnicas, pero sin sustituir a la Administración
Las entidades acreditadas podrán desempeñar exclusivamente tareas técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado.
Las funciones públicas fundamentales seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración. De este modo, las competencias para autorizar, resolver expedientes, inspeccionar y ejercer el control administrativo no podrán ser asumidas por estas entidades.
El Gobierno regional subraya además que su utilización tendrá carácter voluntario y sostiene que el nuevo modelo no supone una privatización de las funciones públicas ni una reducción de las garantías jurídicas.
Las entidades que finalmente se inscriban en el registro regional podrán actuar en ámbitos como urbanismo, gestión forestal, servicios sociales, patrimonio cultural, actividad cinegética, economía circular y evaluación ambiental.
Entre sus tareas estarán la comprobación documental, la evaluación técnica, la certificación del cumplimiento de la normativa o el apoyo especializado en la tramitación de expedientes.
Especial atención a los pequeños municipios
Uno de los objetivos principales del decreto es facilitar también la gestión administrativa de los ayuntamientos, especialmente de los municipios más pequeños de las zonas rurales.
El Ejecutivo regional señala que muchos consistorios carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos u otros expedientes complejos, una situación que puede provocar retrasos de meses e incluso años.
Con la entrada en vigor de este sistema, la Junta pretende que estos ayuntamientos puedan recurrir a entidades acreditadas para determinadas tareas técnicas y reducir así los tiempos de tramitación, manteniendo en todo momento las competencias decisorias y de control en manos de las administraciones públicas.
