La Coordinadora Stop Ganadería Industrial C-LM advierte de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tendrá la última palabra sobre las plantas de biogás y biometano que sean declaradas proyectos prioritarios, pese a que el borrador del nuevo decreto regional contempla que los ayuntamientos puedan rechazar la implantación de estas instalaciones.
Según los datos aportados por el colectivo, esta excepción podría afectar a 50 de las 70 plantas actualmente en tramitación en Castilla-La Mancha, lo que representa alrededor del 71% del total.
El borrador del decreto se encuentra abierto a participación pública hasta el próximo 24 de agosto. Se trata del segundo intento de la Junta de regular el sector después de que en junio retirase el Plan de Biometanización tras recibir más de 15.000 alegaciones.
Stop Ganadería Industrial C-LM explica que el nuevo texto concede capacidad de decisión a los ayuntamientos, pero señala que existe una excepción cuando una planta obtiene la consideración de proyecto prioritario. En esos casos, según la interpretación de la coordinadora, la decisión final correspondería al Gobierno regional.
«Aunque es un paso positivo dejar en manos de los ayuntamientos la decisión de si autorizar o no una macroplanta de biometano, existe el riesgo de que la Junta la declare proyecto prioritario, lo que dejaría en papel mojado este decreto», afirma la organización.
El colectivo sostiene que 50 de los 70 proyectos actualmente en tramitación cumplen las condiciones que permitirían su declaración como prioritarios al encontrarse en zonas vulnerables a nitratos y contemplar la recepción de residuos como purines, vinazas o alperujos.
La coordinadora señala además que ya existen proyectos declarados prioritarios en la provincia de Ciudad Real, entre ellos los de Campo de Criptana, Socuéllamos, Caracuel de Calatrava y Carrión de Calatrava.
Stop Ganadería Industrial también advierte de la existencia de otras figuras administrativas que pueden afectar a la tramitación de estas instalaciones, como la declaración de interés regional y los Planes de Singular Interés.
A ello suma la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Según el colectivo, el rechazo de un ayuntamiento deberá estar motivado y será la Administración regional la encargada de valorar si esa motivación resulta suficiente.
El radio de procedencia de los residuos
Otro de los aspectos cuestionados por la coordinadora es la procedencia de los residuos. El borrador establece que el 80% de los que entren en una planta deberán proceder de un radio de 35 kilómetros, mientras que el 20% restante podrá tener otros orígenes.
Stop Ganadería Industrial calcula que ese radio abarca aproximadamente 3.848 kilómetros cuadrados y considera demasiado extensa esta superficie.
La organización también cuestiona las excepciones contempladas en determinados puntos del decreto, las distancias mínimas respecto a captaciones de agua, embalses y explotaciones ganaderas, así como las condiciones previstas para la gestión del digestato.
Entre sus críticas incluye igualmente la posibilidad de que determinada información sobre la entrada y procedencia de los residuos pueda quedar protegida por el secreto industrial, la participación de entidades privadas de certificación ambiental en las inspecciones y el método empleado para calcular la huella de carbono.
«No ha supuesto el cambio radical y garantista»
Stop Ganadería Industrial C-LM, integrada por 50 movimientos vecinales de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, considera que el borrador no ofrece las garantías anunciadas por el Gobierno regional.
«El decreto de biometano está redactado pensando en los intereses económicos de las empresas de gas y energéticas, en vez de en los intereses de los ayuntamientos y ciudadanos», afirma la coordinadora, que considera que el texto «no ha supuesto el cambio radical y garantista que la Junta prometió respecto al difunto Plan de biometanización».
El colectivo anima a ayuntamientos, asociaciones vecinales y particulares a presentar sus aportaciones antes de que finalice el plazo de participación pública el 24 de agosto y pide a la Consejería de Desarrollo Sostenible que revise el borrador antes de su aprobación definitiva.
Así, Stop Ganadería Industrial sostiene que, mientras se mantenga la figura de los proyectos prioritarios, la capacidad de los ayuntamientos para rechazar determinadas macroplantas no será absoluta y la Junta podrá tener la última palabra en esos casos.
