La Fiscalía Provincial de Ciudad Real solicita una pena de tres años de prisión y diez meses de multa para el propietario de una tienda de informática de Tomelloso, al que acusa de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El juicio está señalado para el próximo 30 de junio de 2026, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado habría contratado en abril de 2020 a un ciudadano marroquí que se encontraba en situación administrativa irregular para realizar labores de reparación de teléfonos móviles y equipos electrónicos.
La Fiscalía sostiene que ambas partes alcanzaron un acuerdo verbal por el que el trabajador percibiría 400 euros cada quince días, con una jornada de lunes a sábado, en horario de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas, sin vacaciones ni descanso en días festivos.
El Ministerio Público mantiene que el empresario actuó «con ánimo de eludir sus obligaciones legales» y «con consciente desprecio a las normas laborales», aprovechándose de que el trabajador carecía de permiso de trabajo para imponerle unas condiciones laborales perjudiciales. Asimismo, afirma que durante el tiempo que permaneció empleado, hasta enero de 2024, nunca formalizó un contrato de trabajo ni le dio de alta en la Seguridad Social. También le atribuye no haber cumplido con las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Promesa de regularizar su situación
Siempre según el relato de la Fiscalía, el empresario prometió al trabajador que le realizaría un contrato para regularizar su situación administrativa en España, aunque dicho contrato «no se llegó a formalizar».
El escrito añade que, como consecuencia del trabajo desempeñado y de la ausencia de medidas de protección, el trabajador sufrió un agravamiento de una patología lumbar previa. El informe médico recoge siete días de perjuicio personal —dos moderados y cinco básicos—, sin secuelas permanentes, reclamando además una indemnización por las lesiones sufridas.
Tres años de prisión y una indemnización
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado tres años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de diez meses, con una cuota diaria de 20 euros. Asimismo, interesa que indemnice al perjudicado con 299,63 euros, más los intereses legales.
Entre las pruebas propuestas para el juicio figuran la declaración del acusado, varios testigos, el informe del médico forense, diversa documentación y la reproducción de vídeos e imágenes que, según el Ministerio Fiscal, mostrarían al trabajador desarrollando su actividad en el establecimiento.
